Contra las evidencias

Negar las pruebas que demuestran los hechos, usar el complejo entramado de leyes para demorar su comparecencia y esperar a que la Justicia Especial, los condene como en cualquier proceso judicial. Esa parece ser la estrategia de los dirigentes de las antiguas Farc ante su obligación de responder por los crímenes que cometieron durante cincuenta años.

Si hubo algo evidente en las épocas de su mayor auge fue la difusión de fotos, documentos e invitación a periodistas para exhibir a los secuestrados y tratar de debilitar el respaldo de los colombianos a sus instituciones con videos que mostraron campos de concentración en los cuales las víctimas, funcionarios o miembros de la Fuerza Pública eran objeto de torturas. Y después, tratar de presentar como gestos humanitarios la liberación de sus víctimas en publicitadas intervenciones del gobierno de Venezuela que merecieron el rechazo.

Pero cuando empezó el proceso para responder por esos crímenes de lesa humanidad, los dirigentes de la guerrilla insistieron en que esa no era una política sistemática. Y si bien en algunos casos como el de los diputados del Valle aceptaron responsabilidad por el “error” de su asesinato, fue evidente que iban a usar todos los recursos jurídicos y retóricos a su alcance para evadir la responsabilidad que les corresponde.

Ahora, la Justicia Especial de Paz los ha llamado a responder por el reclutamiento forzado de miles de niños a lo largo de su historia. Para eludir esa obligación, esta vez utilizan el leguleyismo de enredar las citaciones y poner obstáculos al cumplimiento de su compromiso de contar la verdad y asumir las consecuencias de sus actos ante el tribunal creado para aplicar una justicia especial que limita las sanciones en función de lograr la verdad y la reparación a las víctimas.

Además, usan las entrevistas para negar que reclutaban niños, los cuales arrancaban de sus hogares para involucrarlos en la violencia, que los ponían en los frentes como carne de cañón o les enseñaban a cometer crímenes de guerra. Y aprovechan para decir que esperan la condena de la JEP, a la cual le corresponderá demostrar sus atrocidades para poder condenarlos a las penas especiales que se acordaron en el proceso negociado durante seis años en La Habana.

Así se desvirtúa el objetivo del acuerdo, el de ofrecer la reintegración a la sociedad a cambio de la verdad, la justicia y la reparación. Ahora, además de usar los medios para revivir su dialéctica que crea confusión, los dirigentes de la Farc niegan su responsabilidad y apelan a los incisos del código penal para evitar las condenas, sin duda reducidas, que merecen esos crímenes de guerra.

La primera víctima de esa maniobra es la verdad. La segunda, es la credibilidad y el respaldo al proceso en marcha y a la JEP. Es un incumplimiento de las promesas y obligaciones adquiridas en una negociación para aplicar soluciones de por sí políticas que se salen del marco estrictamente jurídico. Es destruir la confianza en un proceso que se le vendió a los colombianos como la fórmula para terminar para siempre un conflicto mortal e inútil.