Contra la legalidad

Agosto 03, 2022 - 11:55 p. m. 2022-08-03 Por:
Elpais.com.co

Iniciada la legislatura de un Congreso controlado por la alianza entre los integrantes del Pacto Histórico y casi todos los elegidos por movimientos que respaldaron los demás candidatos a la Presidencia de la República, llueven las noticias sobre propuestas. Y entre ellas hay unas que tiene un especial significado para el orden jurídico y la armonía entre los poderes públicos.

Nos referimos a la propuesta de amnistiar, excarcelar o perdonar a quienes cometieron toda clase de delitos con motivo del paro del 28 de abril del 2021, y que se han hecho aparecer como integrantes de la denominada primera línea. Son centenares de personas que han sido investigadas y detenidas por las autoridades competentes, y ahora son procesadas por la Justicia que les ha dictado medidas de aseguramiento por sus actuaciones.

Todo ello se ha hecho de acuerdo con las normas y la Constitución, y en sus procesos han tenido la posibilidad de usar el derecho a la defensa, lo que ha llevado a que muchos de los vinculados hayan quedado en libertad. Y los que aún están detenidos son acusados por delitos de los cuales existen pruebas en videos, redes sociales, medios de comunicación y documentos acumulados por las entidades encargadas de perseguir esas acciones antisociales.

¿Cuáles son los delitos de los cuales se les acusa? En Bogotá se ordenó la captura de varias personas por “concierto para delinquir, lesiones personales, secuestro simple, amenazas, hurto simple, tortura, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y terrorismo”. Todos hechos graves contra la sociedad, que además de causarle daño a la protesta social llevaron al juez a respaldar la acusación de la Fiscalía “en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron el derecho a la protesta los procesados si no que afectaron los intereses colectivos de la sociedad”.

A ello hay que añadir que a los detenidos de Cali se les acusa por el vandalismo contra los bienes públicos, la destrucción de bombas de gasolina, las estaciones y los buses del MÍO, y, lo más grave, por el asesinato de un policía que arrojaron al río Cauca. También produjeron el bloqueo de la ciudad, en episodios que no pueden calificarse como “protesta social”.

Ahora, congresistas del partido de gobierno pretenden crear una comisión especial para legislar sobre el tratamiento que, según ellos y el discurso del nuevo presidente, debe dárseles a quienes cometieron esos actos. Con lo cual desconocen el debido proceso que las autoridades judiciales han aplicado e intervienen de manera ostensible en la actuación de la Justicia, convirtiendo a los procesados en supuestas víctimas de la injusticia.

Es claro que la propuesta es un desconocimiento del Estado de Derecho y su resultado será premiar con la impunidad a quienes causaron daño a la sociedad y al patrimonio público. Algo inaceptable que llena de preocupación a los colombianos pues da a entender que en adelante se legislará para favorecer a quienes le simpaticen al gobierno que se inicia el próximo domingo y a sus mayorías en el Congreso.

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