Contra la inseguridad

La inseguridad es hoy uno de los grandes dolores de cabeza de los colombianos, de las autoridades y de la sociedad. Ante el desafío de devolverle la tranquilidad al país luego del rebrote de las formas de delincuencia que crean temores y amenazan la vida, honra y bienes de los ciudadanos, es más que necesario que el Estado adopte las medidas que se requieran para ofrecerle a la Nación la seguridad que reclama.

Y no es sólo el narcotráfico que afecta a una porción importante del territorio nacional, obligando a destinar cuantiosos recursos y esfuerzos para contener lo que sin duda es el gran enemigo de las instituciones y los derechos de los colombianos. En esta ocasión nos referimos al surgimiento de una oleada de delitos que afecta en especial a las capitales de los 32 departamentos y a las cabeceras de muchos municipios en los cuales se ha vuelto corriente la denuncia sobre el aumento de la criminalidad común.

Es esa inseguridad que se refleja en el crecimiento de los atracos, los raponazos, la extorsión, los delitos contra la propiedad y las conductas antisociales que culminan en lesiones y homicidios. Frente a ello, la Policía Nacional y en muchas ocasiones el Ejército y la Infantería de Marina hacen ingentes esfuerzos para combatir esa delincuencia y para proteger a la ciudadanía, mientras los organismos judiciales no se dan abasto para judicializar a los autores de hechos que en la mayoría de los casos no son denunciados por temor a las represalias o por escepticismo.

Y frente a esa realidad está una legislación que no parece adecuada al tamaño y la peligrosidad del crimen que crece sin pausa. Por el contrario, la aplicación de la favorabilidad extrema a quienes son acusados o detenidos en flagrancia, así como la laxitud en el otorgamiento de beneficios como la casa por cárcel y la precariedad para controlar su cumplimiento, han convertido la acción del Estado en poco menos que rey de burlas de los delincuentes.

El resultado de esa falta de políticas criminales efectivas y reales lleva a crear desconcierto y, más grave aún, incentiva la justicia por mano propia que se produce cuando el Estado no puede cumplir su papel de guardián de los derechos de los ciudadanos. Todo lo cual no se podrá resolver aumentando el pie de fuerza mientras los criminales encuentran un gran incentivo en las mismas leyes, en la laxitud de la legislación, en la impunidad y la corrupción.

Hoy estamos atravesando una de las épocas más difíciles en la seguridad de los ciudadanos, quienes además expresan una creciente sensación de impotencia y temor ante el embate de la delincuencia y las dificultades de las autoridades para defenderlos o para castigar a los delincuentes. Ante ello, el Estado debe tomar atenta nota y adoptar los cambios que sean necesarios para cambiar ese clima de inseguridad que está expresando lo que viven los colombianos en las calles de sus ciudades.

En otros términos, ya es hora de que Colombia tenga una Política de Seguridad que le dé prioridad y a la tranquilidad de los ciudadanos y asegure la vigencia del Estado de Derecho.