Escuchar este artículo

Contra el delito ambiental

Junio 18, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-18 Por: Editorial .

Pendiente de la conciliación que se hará este sábado entre el Senado y Cámara de Representantes, la ley de delitos ambientales con la que se actualiza el Código Penal colombiano parece una realidad. Es de esperar que su contenido sea una herramienta efectiva para combatir los crímenes contra la naturaleza.

El proyecto que empezó su trámite legislativo en el 2019 es una declaración de intenciones como todas las que ha hecho Colombia para proteger su medio ambiente y sus recursos ecológicos en las décadas recientes. Así ha sido desde la Ley 99 de 1993 que definió las políticas públicas sobre este asunto y creó el respectivo Ministerio.
Reconociendo los avances que se han logrado desde entonces, también es cierto que se ha pasado por encima de la mayoría de disposiciones y se está lejos de lograr la preservación del que es el mayor patrimonio de la nación.

Ahora, con la ley de delitos ambientales se busca llenar algunos de esos vacíos. Lo primero que se consigue es declarar como delitos varias de las prácticas ilegales que tanto daño provocan y están acabando con la riqueza natural. Se han tipificado como tal la deforestación, su financiación y promoción, el tráfico de fauna y flora así como la caza y pesca ilegal; de igual forma se aumentan las penas para quienes practiquen o promuevan la explotación minera ilícita, incurran en la tenencia o transporte de mercurio, participen en la destrucción sistemáticas de los ecosistemas, invadan áreas de importancia ecológica o se apropien de terrenos baldíos de la Nación.

Para todos esos delitos se han definido o aumentado las penas y endurecido las sanciones económicas que deberán pagar sus autores. Al mismo tiempo se ha determinado el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación en sus funciones para investigar y perseguir los crímenes que atenten contra el medio ambiente colombiano.

Lo dispuesto en la ley es un rosario de buenas intenciones que contrasta con la capacidad del Estado para aplicar las normas. Hay que ser realistas: en un país en el que el 90% de los procesos judiciales contra los más variados delitos no terminan en sentencias, hay pocas garantías de que pueda lograrse esclarecer los crímenes medioambientales. Ojalá se logre romper ese patrón y su contenido sea una herramienta que sirva por lo menos para reducir los atentados contra los recursos naturales y los ecosistemas nacionales.

En Colombia se arrasan 190.000 hectáreas de bosques cada año, se destruyen las selvas y se devastan los ríos del Pacífico y del Amazonas por extraer sus minerales preciosos y al mismo tiempo se atenta contra patrimonios de la humanidad como Chiribiquete o el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. Por ello, una ley como la que se acaba de aprobar en el Congreso es más que necesaria para defender de la destrucción al más grande patrimonio de la Nación.

Ahora el reto es que traspase el papel y sea en verdad un instrumento eficaz para combatir a los autores de los crímenes más infames contra la naturaleza.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS