Confusión en Perú

La corrupción que puso en la cárcel a cuatro de sus expresidentes, que causó el suicidio de uno de ellos y la caída del mandatario elegido en el 2016 y a todos sus ministros, tiene a Perú al borde de una revocatoria general del Presidente y del Congreso. Es el salto al cual obliga una confrontación que no parece tener salida distinta al llamado a elecciones para que sean los peruanos los que decidan el futuro de sus instituciones de gobierno.

La historia de las últimas décadas en el país vecino está llena de paradojas. Mientras su economía y su desarrollo han tenido un impulso que los tienen entre los más importantes de América, su política pasa por las peores épocas de desprestigio. Capturada por el clientelismo que pretende proteger a los acusados y afectada por las componendas que la Justicia de ese país ha destapado y perseguido sin tregua, la crisis ha llevado a un estado que no se corresponde con las necesidades del Perú.

Tal situación llevó al presidente Martín Vizcarra, quien como vicepresidente debió asumir ante la renuncia y procesamiento del titular Pedro Pablo Kuczynski, también por relaciones con Odebrecht, a presentar seis proyectos que incluyen la limitación al fuero que protege a los congresistas de la acción de la justicia. Y a plantearlos como cuestión de confianza, la manera de presionar que se tomen decisiones contra lo que él y los peruanos consideran la causa del desprestigio del Estado.

La respuesta de las mayorías opositoras y de sus propios copartidarios en el Congreso fue por lo menos evasiva, creando una situación en la cual nada es posible, además de demostrar que no existe posibilidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso, y la reacción de la opinión pública lo llevaron a abrir un proceso que terminará con la participación del voto popular.

“Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020 (…) y el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha”, dijo. Y agregó: "¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso”.

Esa es una manera radical, pero explicable de producir el cambio que reclama el Perú. Una decisión para romper el inmovilismo que impide actuar contra el fenómeno más dañino contra la democracia, el cual implicará llamar a un referendo para aprobar la reforma constitucional y luego convocar a elecciones en abril de 2021. Se debe advertir que el Congreso puede negarse a aprobar la propuesta que oficializó el Gobierno el pasado miércoles.

Con razón, el diario El Comercio de Lima editorializó: “La crisis política en la que estamos sumidos desde hace tres años, que ya tiene como saldo la renuncia de un presidente, la caída de todo un Gabinete, el amplio descrédito del Legislativo y el descontento con el Ejecutivo, exige medidas que dejen de lado los intereses personales de nuestras autoridades”.
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