Conducta inaceptable

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Conducta inaceptable

Enero 12, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

De nuevo, la denuncia sobre espionaje ilegal desde lo más alto de las Fuerzas Armadas pone en tela de juicio la imagen y la credibilidad de quienes tienen el deber de defender la democracia y el Estado de Derecho dentro de la legalidad. Lo cual obliga a recordar la necesidad de mantener la transparencia y evitar excesos que redundan en contra de las Instituciones creadas para asegurar la vigencia de la Ley como principio de nuestra sociedad.

La denuncia de la revista Semana en su última edición contiene informaciones que producen indignación y rechazo. Es inexplicable que los recursos que se le otorgan a las entidades encargadas de la seguridad y la defensa del Estado sean usados en contra de los derechos de ciudadanos que no tienen vinculación judicial con quienes amenazan esos valores sociales. Y la confianza que los gobiernos y la sociedad le otorga a sus comandantes para que cumplan su misión noble y necesaria, sea utilizada para fines distintos a los que la Constitución le fija a los militares.

De ser cierto lo denunciado, nada puede justificar que jueces de la República, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales e incluso miembros de los propios estamentos castrenses hayan sido víctimas de las “chuzadas” que narra el artículo de la revista capitalina. Y que se hayan utilizado recursos tecnológicos suministrados por gobiernos extranjeros para apoyar la lucha contra la delincuencia en espiar a colombianos, sin que medie una orden judicial, o exista un procedimiento claro que garantice el respeto a los derechos.

En ese sentido, parece de una gravedad extrema el que los periodistas de Semana y sus directivos hayan sido objeto de seguimientos, que sus teléfonos y medios de comunicación hayan sido intervenidos, a partir de los informes que esa revista ha realizado sobre actuaciones de quienes tienen a su cargo las decisiones en las Fuerzas Armadas. Las fotos y documentos publicados sobre esas denuncias dan a entender que algo muy grave está ocurriendo en una entidad que hasta ahora ha gozado del respeto y el respaldo de los colombianos.

Al rechazar los hechos denunciados, el Presidente de la República y su Ministro de Defensa han expresado su compromiso en adelantar los procedimientos para encontrar la verdad a la mayor brevedad. Y en aplicar las decisiones y sanciones que sean del caso a quienes se les compruebe cualquier relación con ese espionaje ilegal.

Pero debe haber algo más. Colombia necesita erradicar esa práctica de desviar las atribuciones que la ley le otorga a sus instituciones. No es democrático que se espíe a los jueces, que se intervenga a quienes hacen oposición o a los medios que cumplen su deber de ser los ojos de la sociedad. Ni es aceptable que quienes reciben esas facultades las usen para fines distintos a ofrecer seguridad y tranquilidad a los colombianos.

Que se investigue hasta el fondo lo que ha denunciado Semana y que las autoridades le digan la verdad a la Nación, sancionando si es del caso a quienes se les compruebe su participación en hechos que causan mucho daño al país.

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