Colapso inaceptable

Durante varias horas de la mañana, la circulación vehicular en Cali fue colapsada por la toma de vías cruciales que realizaron propietarios de vehículos de transporte público especial. Argumentando su derecho a la protesta contra decisiones del Gobierno Nacional, los participantes en la movilización paralizaron la movilidad y perjudicaron a miles de personas.

En primer lugar debe decirse que cualquier persona tiene derecho a expresar en forma libre su oposición contra decisiones oficiales que en su concepto perjudiquen sus intereses. En este caso se trató de un movimiento para rechazar la orden del Gobierno para retirar y destruir los vehículos de servicio público especial con edades superiores a los veinte años que deberá cumplirse antes del primero de enero de 2019.

Sin duda, son muchas las personas que sentirán el efecto de una medida motivada en la necesidad de modernizar el parque automotor y evitar los riesgos que pueden representar los vehículos con tan prolongada vida. Lo cual lleva a sugerir que se les ofrezca formas de financiación e incentivos como la rebaja de impuestos en un país que considera un automotor como bien de capital sujeto a muchos gravámenes, para motivar un cambio que parece necesario también para reducir la contaminación.

Desde esa perspectiva, debió presentarse un diálogo en el cual las autoridades nacionales pudieran escuchar de los transportadores sus inquietudes, y encontrar en lo posible la manera de enfrentar y resolver lo que puede ser un grave problema económico para ellos y sus familias. A cambio ocurrió lo menos indicado, poner a toda la sociedad caleña en la mitad de un conflicto del que ella no es la responsable y que no tiene por qué asumir ni padecer como le ocurrió ayer.

Ahí está el otro factor a considerar, y tal vez el más importante. Es la primacía que deben tener los derechos colectivos a la libre movilización frente a los reclamos de un sector que, como se demostró por varias horas en la capital vallecaucana, tiene la capacidad de perturbar y hasta de paralizar la movilidad de sus habitantes. Esa prioridad fue desconocida por la protesta, y aunque por fortuna no se presentaron hechos violentos, fue innegable que afectaron a miles de ciudadanos necesitados de transporte, de llegar a sus trabajos o de atender sus emergencias.

Además, debe reconocerse que la parálisis fue sorpresiva pues sólo se anunció unas horas antes e intervino vías importantes de toda la ciudad. Y si bien las autoridades de Policía y de Tránsito acompañaron las caravanas de los vehículos que protestaban, no pudieron impedir que en algunas zonas, en especial del sur de la ciudad, se produjeran verdaderos infartos en la circulación.

Es decir, la ciudad y los caleños fueron sorprendidos por una medida de hecho que debe ser rechazada aunque se haya basado en un reclamo que necesita ser escuchado por el Estado. Por ello, y ante el riesgo de que se produzcan de nuevo esas movilizaciones, es deber de los gobiernos asegurarle a los caleños que no volverán a ser víctimas de las vías de hecho por las diferencias entre los transportadores y el Estado.
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