Colaboración sin interferencia

Conocidos los términos del acuerdo que le dará continuidad a la presencia en Colombia de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se despejan las dudas que se han querido sembrar sobre el Gobierno Nacional y su respeto por esa institución. También es el momento para reclamar de nuevo que esa presencia, importante para un país con tantos y tan frecuentes hechos de violencia, no se convierta en permiso para intervenir en los asuntos políticos de nuestro país.

A través de la historia reciente, el acompañamiento de esa oficina ha sido necesario para mantener los ojos de la comunidad internacional sobre nuestra realidad y procurar que se mantenga el compromiso del Estado y de nuestra sociedad con la defensa de los Derechos inherentes al ser humano. Ello ha permitido también el asesoramiento continuo y la permanente alerta para denunciar los abusos de los factores de violencia que han gravitado en nuestra historia, incluidas los arbitrariedades que puedan presentarse de parte de algunas autoridades que violan su compromiso.

Esa asistencia ha sido solicitada y ratificada por los gobiernos desde hace ya veinticuatro años en los cuales se ha permitido y muchas veces pedido la actuación de la oficina de la ONU. Con diferentes y a veces no muy efectivos resultados, la colaboración ha sido permanente, por lo cual era de esperarse que se produjera la prórroga en momentos en que el acuerdo con las Farc está en pleno desarrollo. Y más aún, cuando la amenaza de la violencia desatada por el narcotráfico, las bandas criminales y las disidencias de la antigua guerrilla amenazan de nuevo a la Nación.

Por eso hay que reconocer la firma del acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que fue destacado por el presidente Iván Duque como un compromiso. Y no fue algo tortuoso ni estuvo en riesgo por la intransigencia de su gobierno, como lo insinuaron sectores que pretenden deslegitimar por razones partidistas los actos del Mandatario y de su administración.

Como lo ha reconocido la Alta Comisionada, Michel Bachelet, el acuerdo es “un reconocimiento mutuo del gran papel que ha tenido en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país en los últimos 22 años”, y “nos permite seguir siendo un socio clave de Colombia en sus esfuerzos para consolidar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible, así como para solucionar los principales desafíos que enfrenta el país”.

Es pues un acuerdo que se ajusta a las necesidades de Colombia y a los requisitos que fija el ente internacional. En adelante, y aunque debe quedar claro que no implica autorizar la intromisión en nuestros asuntos que algunos de sus funcionarios han cometido en el pasado, es de esperar que las gestiones de la Oficina sigan siendo el apoyo y la visión que necesita la Nación para enfrentar una de sus más grandes amenazas, el desconocimiento y la violación de sus Derechos Humanos.