Certificación y consumo

Reconociendo el esfuerzo que el Gobierno Nacional realizó durante el 2021 para combatir la infernal cadena de producción de drogas ilícitas, la Subsecretaria de Estado de los Estrados Unidos envió al Congreso de su país la certificación sobre el cumplimiento de Colombia de la estrategia contra el narcotráfico que “no viola los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 entre el gobierno y las Farc”.

La certificación es un trámite que la legislación estadounidense exige para continuar brindando los apoyos que ese país entrega al nuestro, como los US$ 38 millones pendientes de ejecución del año pasado, así como el 20% inicial de los apoyos para el 2022, estimados en US$471,3 millones. Un buen aporte sin duda, que reconoce resultados como la captura de 1.010.616 kilogramos de cocaína, de 1.062.932 kilogramos de marihuana y la destrucción de 8.625 laboratorios donde se procesa las drogas que surten una proporción importante del mercado mundial.

Las cifras son más que alarmantes sobre lo que es la capacidad de las organizaciones criminales para explotar el consumo. Y dan una idea de cómo ha crecido la demanda mundial de cocaína, así como del impacto de la tecnología que esas mafias están aplicando para mejorar la productividad, apoyadas en el aumento exponencial de sus ganancias, sin importar que Colombia haya reducido el 7% del área cultivada de coca. Ese es el poder que tiene que enfrentar el Estado colombiano, lo cual explica en parte el crecimiento de la violencia que, además, es impulsada por la subida notoria del consumo interno en nuestro país.

Así, salió la certificación en la cual se afirma que “continuó ejecutando una agresiva campaña para reducir en un 50% los cultivos ilícitos y producción de coca en el 2023”, lo cual es “consistente con los cinco pilares que se establecieron en la estrategia antinarcóticos del año 2018: el desmantelamiento de organizaciones criminales, la reducción de la demanda de drogas, el combate al lavado de activos y el incremento de la presencia del Estado en zonas rurales donde impera el narcotráfico”.

Por supuesto, la noticia es positiva en la medida en que Colombia recibe apoyo de un país que registra el mayor consumo de cocaína del mundo, lo que obliga a mirar ese aporte como el deber de cooperar contra un enemigo de la humanidad. Pero las cifras que justifican la certificación llevan a pensar en el crecimiento que ha tenido la demanda internacional, la riqueza que le está generando a las organizaciones multilaterales que lo explotan y la manera en que esa enorme riqueza ilícita es protegida.

De todo eso, el gran damnificado es Colombia. Son sus instituciones que enfrentan a un enemigo cada vez más poderoso que financia los ejércitos criminales que llenan de violencia vastas regiones del país, mientras muy poco se hace para controlar el consumo en el exterior o confiscar la riqueza que genera. Y es el pueblo colombiano, que debe padecer el terror, la corrupción y la amenaza que significa el tener que enfrentar casi sólo al poder de las mafias que se alimentan del creciente consumo mundial de cocaína.