Buenaventura y el Pacífico

Se perdió ya la cuenta de las veces en las cuales los bonaverenses salieron a las calles para exigir protección y seguridad del Estado, para reclamar que su ciudad tenga más posibilidades de progreso distintas a los puertos y cercanas a la actividad propia de una comunidad ubicada a orillas del mar.

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1 de sept de 2022, 11:55 p. m.

Actualizado el 17 de may de 2023, 12:56 p. m.

Ya no extraña que los grupos criminales conviertan a Buenaventura en epicentro de sus guerras territoriales y en escenario de violencia permanente contra sus habitantes. Lo que preocupa es la permanente incapacidad del Estado para recuperar la ciudad, ofrecer empleo y oportunidades y sembrar el progreso como la mejor manera de construir la tranquilidad en una sociedad azotada por el subdesarrollo.

Entre el martes y miércoles, los bonaverenses fueron despertados por la balacera que se producía en combates de dos bandas conocidas de tiempo atrás. Aún no se sabe cuántos seres humanos murieron ni cuántos quedaron heridos. Pero en la cara de la gente sí se pueden ver las cicatrices que le ha dejado a Buenaventura esa repetida y permanente violencia, producto a su vez del abandono estatal que no promueve el desarrollo ni la convivencia y por el contrario, genera miseria y desesperanza.

Se perdió ya la cuenta de las veces en las cuales los bonaverenses salieron a las calles para exigir protección y seguridad del Estado, para reclamar que su ciudad tenga más posibilidades de progreso distintas a los puertos y cercanas a la actividad propia de una comunidad ubicada a orillas del mar. Pueden contarse por centenares las tomas que han realizado los integrantes de la Fuerza Pública para contener las embestidas de la delincuencia organizada que pelea por las rutas del narcotráfico, por la venta de drogas en las calles o el control territorial que les permite reclutar jóvenes que son seducidos ante la poca o ninguna oferta de oportunidades para construir su futuro.

Y una vez logran desactivar esa violencia, militares y policías se retiran, dejando el asunto en manos de un número insuficiente de efectivos y de unas autoridades locales sin ascendencia en las comunidades para contener el terror que las atemoriza. Entonces vuelven los criminales, a lo mejor con nuevas denominaciones, a cobrar venganzas y a ampliar sus dominios mediante el ejercicio de una ferocidad que no conoce fronteras.

De nuevo, y como está ocurriendo ahora, el Gobierno Nacional, cualquiera sea su bandera política, debe enviar la Fuerza Pública a marchas forzadas. Y se escuchan las mismas proclamas, los mismos propósitos, idénticas promesas que la comunidad de Buenaventura ya mira con indiferencia y con explicable indignación. Ellas saben que no tendrán futuro mientras el centralismo persista en mantener su ciudad y la región pacífica en la postración que surge de no incentivar el desarrollo, la educación y los servicios públicos, y la corrupción rampante se apropie de los recurso municipales y las rentas que produce su municipio.

Al parecer, las bandas de narcotraficantes son las únicas que conocen y explotan las ventajas que ofrecen Buenaventura y el Litoral Pacífico, que pueden ser un emporio si el Estado asume su deber de promover el progreso y la inversión. Es una crisis crónica que no se resuelve creando un departamento que crecerá la burocracia inútil y acumulará los problemas de toda la región sin ofrecer una solución real y efectiva para los colombianos que habitan la región más rica en biodiversidad del planeta.

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