Bombas de tiempo

Otra fuga de presos en Cali, de nuevo la comunidad expuesta al peligro y nada que aparecen las soluciones definitivas. La situación en las estaciones de Policía y los centros de detención temporal, convertidos en reclusorios permanentes, se volvió insostenible y amenaza con ser una bomba de tiempo que, si estalla, tendrá consecuencias graves para la ciudad.

El martes de esta semana los vecinos del barrio San Nicolás se vieron expuestos al peligro cuando 27 presos se escaparon de una vieja propiedad acondicionada en el sector como lugar de paso para detenidos y condenados. La rápida reacción de la Policía permitió la recaptura de 20 de ellos cuando trataron de esconderse en casas aledañas o en los techos de las viviendas vecinas. De los siete restantes, se desconoce el paradero.

La historia es similar a la que ya ocurrió varias veces este año en la Estación de La Flora, al norte de la ciudad, o en la de Siloé, en zona de ladera. Las razones son las de siempre: sitios que debieran ser de tránsito, donde el tiempo máximo de permanencia de un detenido es de 72 horas mientras se resuelve su situación o se define su traslado, se volvieron cárceles en todo el sentido de la palabra.

Heredaron además todos los problemas, incluido el hacinamiento penitenciario que en algunos casos llega al 1950%, como pasa en Los Mangos, y se repite en las demás estaciones de Policía, que en conjunto tienen capacidad para 257 personas y hoy albergan 1919. De paso, la responsabilidad de cuidar a los presos, que debería corresponder al Inpec, se le trasladó a la Fuerza Pública y ahora en lugar de disponer de más agentes para la protección de las calles y de los caleños que claman por mayor seguridad, los pone a vigilar las celdas en que viven amontonados, en condiciones paupérrimas y durante meses o años esos detenidos.

Es una utopía pretender que los municipios en solitario respondan por un problema de tales proporciones, cuando ni el Ministerio de Justicia ni el Inpec han encontrado soluciones para la incapacidad del sistema carcelario nacional y mientras la inoperancia de la Justicia colombiana siga siendo el cuello de botella mayor. Ni siquiera la reforma penitenciaria que hace trámite en el Congreso de la República, que según el Gobierno pretende “humanizar” la situación de los presos, da respuesta a lo que sucede en los centros de detención temporal.

Ahora, como se plantea desde hace una década, la Alcaldía anuncia el traslado, antes de finalizar el año, de al menos mil de estos detenidos a una bodega que se acondicionará para recibirlos y brindará las condiciones de seguridad necesarias. La respuesta debería ser del Estado en su conjunto, comenzando por garantizar una mayor eficacia del sistema judicial a la hora de resolver la situación de quienes se encuentran privados de la libertad.

Es inaplazable desactivar las bombas de tiempo en que se convirtieron las estaciones de Policía, velar por los derechos constitucionales de quienes están detenidos en ellas y proteger a la comunidad que hoy se encuentra expuesta.