Avances que dan esperanza

Colombia adelanta un trabajo persistente y coherente para despejar los campos minados que aún hay en el territorio nacional. Es la triste herencia de décadas de conflicto armado, en las que organizaciones criminales como la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico utilizaron las minas antipersonal como arma de guerra que afecta ante todo a civiles desarmados.

Hoy es importante reconocer que los mayores avances en el proceso de desminado se han conseguido después del acuerdo para terminar el conflicto con las Farc en el 2016. Según las autoridades, desde entonces se ha conseguido despejar el 78% del territorio colombiano, 871 municipios de los 1123 del país están hoy libres de minas antipersonal y se adelantan 111 operaciones más.

La situación en el Valle del Cauca es esperanzadora. Desde 2017 hasta la fecha van 830.000 metros cuadrados desminados en el departamento, mientras que de los 18 municipios con registros de campos ‘sembrados’ con minas ya 10 fueron declarados libres de presencia o de sospecha de esos artefactos y de municiones sin explotar, lo que da tranquilidad a su población. En la actualidad operadores del ejército y particulares trabajan en la identificación de las áreas de riesgo en los ocho municipios restantes y se espera proceder con el desmonte en el menor tiempo posible.

Para que en el Valle y en Colombia se le esté ganando la batalla a una de las armas prohibidas en las guerras por ir en contra de todos los presupuestos del Derecho Internacional Humanitario, no distinguir entre los actores del conflicto y la población civil, y ocasionar sufrimiento extremo, lesiones graves, mutilaciones o la muerte, ha sido fundamental la concientización de la sociedad y la manera en que las comunidades de las zonas afectadas han contribuido en el proceso. Y se debe abonar al acuerdo con la guerrilla hoy desmovilizada el haber impulsado el proceso y poder cumplir con los objetivos que en un principio se vieron casi imposibles.

Si bien los avances son importantes, preocupa un posible retroceso en el propósito, debido a la presencia de grupos armados. Se sabe que organizaciones criminales que explotan el narcotráfico, incluidos las disidencias de la guerrilla y el Eln están usando minas para protegerse en sus zonas de influencia, para causar daño a las Fuerzas Armadas que los persiguen o para amedrentar a la población que es su principal víctima.

Así sucede en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, en el Pacífico; en unas pocas zonas rurales del Valle, en el Meta o en regiones fronterizas como Arauca y Norte de Santander donde las acciones de los grupos que operan desde Venezuela y bajo el amparo del régimen que gobierna en la vecina nación, utilizan esos artefactos como parte de su guerra infame. La preocupación es que en este año van 218 las víctimas, 9 mortales.

Son cada vez menos los lugares del territorio nacional donde aún quedan esas trampas explosivas. Y es ahí donde se centran los esfuerzos de las autoridades, con el apoyo decidido de la sociedad y en particular de las comunidades afectadas, para que se pueda alcanzar el propósito de librar por completo a Colombia de una de las más crueles y cobardes armas utilizadas por los criminales.