Apoyo a Jamundí

Enero 11, 2022 - 11:55 p. m. 2022-01-11 Por: Editorial .

El asesinato de tres personas a pocos días de iniciado el 2022 es síntoma de la situación que vive Jamundí por cuenta del narcotráfico y la violencia que desata a su alrededor. Por ello el municipio reclama la ayuda de la Nación para enfrentar su drama y encontrar las soluciones que demanda su población.

El 3 de enero pasado se presentó en el municipio vecino de Cali la que las autoridades calificaron como la primera masacre del año en Colombia.
Tres venezolanos que llevaban un lustro radicados en esa ciudad y se dedicaban a labores de construcción, fueron encontrados muertos en el corregimiento de San Antonio. Los homicidios se le atribuyen a los grupos criminales que operan en la zona y podrían relacionarse con las advertencias que ha hecho la Personería sobre retaliaciones cometidas contra aquellos que se atreven a desobedecer los dictados y restricciones que imponen esas organizaciones delictivas.

Después de haber vivido un corto periodo de relativa tranquilidad, hace cuatro años Jamundí vio como regresaban los grupos guerrilleros a su territorio, los cultivos ilícitos invadían de nuevo sus montañas y se rumoraba la presencia de integrantes de los carteles mexicanos de las drogas. Desde entonces la espiral de la violencia ha sido creciente, auspiciada por agrupaciones como la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, mientras que el negocio del narcotráfico avanza con todas las consecuencias que genera. En el 2021 fueron asesinadas 110 personas y se calcula en 1500 las hectáreas con siembras ilegales, 200 más que en el 2020.

Sus problemas no paran ahí. Además de ser el municipio del Valle con la mayor extensión de cultivos ilícitos y de ser parte del corredor del Naya por el que se mueve el tráfico de drogas en el Pacífico, afronta grandes dificultades sociales. La tasa de desempleo o de empleo informal son de las más altas, tanto que apenas el 9% de su fuerza laboral hace parte del sector formal; también es la segunda ciudad del departamento receptora de inmigrantes venezolanos y según la Alcaldía ahí residen 14.000 desplazados de la violencia.

Por esa razón su Alcalde dice que la mayor parte del presupuesto local, que es de $15.000 millones en el 2022, se destinará a atender esas necesidades y apenas $593 millones para lo concerniente a la seguridad.
Una cifra que se queda corta para enfrentar las situaciones complejas que se viven en materia de orden público y de protección de la ciudadanía.

Y si bien desde la Administración Local se reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para tratar de controlar el avance del narcotráfico, ello no será suficiente mientras el municipio no esté incluido en programas estatales como el de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos o se le apoye para enfrentar sus problemas sociales.
Pensar, por ejemplo, que son suficientes los 110 policías para cuidar a 130.000 habitantes y 42 kilómetros cuadrados que tiene su área urbana, es una utopía.

Ni el Gobierno Nacional ni el Valle pueden desconocer la difícil situación que vive Jamundí y la necesidad de apoyarlo. Eso sería aceptar que la violencia siga golpeando a su población, repercutiendo e en el departamento, afectando a al suroccidente del país y amenazando cada vez más a Cali de la que lo separan apenas 15 minutos de distancia.

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