Al borde del colapso

“Estamos ante el inminente colapso del sistema en Cali y en Colombia”. En esa frase del alcalde Alejandro Eder se resume el estado de riesgo en el que se encuentra la red de la salud en la capital del Valle, en el departamento y en el resto de la Nación. La gravedad de la situación demanda la intervención del Estado sin más excusas, como responsable de garantizar un derecho fundamental de los colombianos, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El llamado de atención de Eder, a través de una carta dirigida ayer al Presidente de la República y a su Ministro de Salud, es el que se viene haciendo desde hace varios años desde diferentes instancias de la sociedad. La deuda creciente y desbordada de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, con las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, IPS, es la causa principal de que el sistema esté hoy en la cuerda floja.

Pero no es la única razón. Como lo manifestó en la misiva el Mandatario de los caleños, el rezago tarifario de la Unidad de Pago por Capitación ha impactado en la financiación adecuada de la Salud, como lo están haciendo las recientes decisiones de intervención estatal o de solicitudes de liquidación de las más importantes EPS del país, lo cual ha llevado a la saturación y a un traumatismo en la prestación de los servicios.

La cifra del endeudamiento de las EPS con la red de prestadores en Cali es alarmante, más aún porque se sigue acumulando mes a mes. Mientras el monto de las acreencias con el sistema público supera los $63 mil millones, el que se tiene con la red privada llega a un billón de pesos. En el Valle en su conjunto, ese número se acerca a los dos billones de pesos, lo que hace insostenible la situación para la mayoría de hospitales y clínicas de la región.

El problema más grave es que además de esa cartera vencida, las actuales obligaciones mensuales tampoco se están pagando como debe ser, por lo que la brecha sigue creciendo. Como lo pidió ayer la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es necesario que se cumpla al menos con el pago del 80% de la facturación cada mes para que las redes pública y privada puedan continuar con la prestación de los servicios y sobrevivan a la crisis que ya lleva años.

Las soluciones deben ser integrales para salvar el sistema de salud, tanto local como departamental y nacional. Una reforma profunda es necesaria, pero no en los términos en los que la ha planteado el gobierno de Gustavo Petro, arrasando de tajo lo construido, sin reconocer las bondades, que existen, mientras se corrigen las deficiencias.

Lo primero es encontrar los mecanismos adecuados para garantizar que la cartera de la Salud se ponga al día y evitar que siga acumulándose cada mes. La revisión de la Unidad de Pago por Capitación, ajustada a las necesidades actuales, también es inaplazable, como lo es que las decisiones sobre las intervenciones y liquidaciones se hagan bajo la óptica de las regiones y no solo con la mirada del centralismo.

Conjurar la crisis, y con ello el riesgo de colapso, del sistema de salud colombiano es imperativo. De ello dependerá el derecho que tienen 52 millones de ciudadanos a contar con un servicio eficiente, que les garantice su vida misma.