Una Comisión de Acusación con carácter

Ayer cuando escribía esta nota, continuaban abiertos los puestos electorales y era imposible tener una idea clara sobre la composición del nuevo Congreso. Sin embargo, el perfil de la mayoría de candidatos y la pobreza de sus propuestas durante la campaña, hacen temer que el legislativo no tendrá la transformación deseada, podría continuar tomado por los mismos intereses y mañas.

Datos elocuentes como los publicados por la Fundación Pares, indican que al parlamento pueden llegar más de ciento treinta candidatos con pasado cuestionable. En el grupo son notorios algunos congresistas salpicados por la corruptela de la Ungrd y aún no sentenciados como consecuencia de la parsimonia aplicada por la sala de instrucción de la Corte Suprema.

Aparte de hacer leyes sensatas, una de las principales funciones del Congreso es servir de talanquera a las actuaciones ilícitas protagonizadas por el presidente y los altos empleados de la República. Se trata de una tarea que la Comisión de Acusación de la Cámara se pasó por la faja, lo que parece estar relacionado a los vínculos de la mayoría de sus integrantes con el llamado gobierno del cambio. Hablamos de una actitud a la que asoman los posibles delitos de prevaricato por omisión y denegación de justicia, y sobre los cuales hay denuncias andando.

Lo cierto es que una Comisión de Acusación vigilante y diligente habría podido cambiar el rumbo de este buque mal herido que es Colombia. Una nave que ha logrado seguir a flote a pesar de que su propio capitán persiste en estrellarla contra arrecifes e icebergs, a pesar de cargar tripulantes como una Procuraduría adormecida frente a la abierta participación de empleados públicos en política, a pesar de una Contraloría General indiferente ante la quiebra premeditada de Ecopetrol y una Fiscalía paquidérmica, especialmente lenta en lo relacionado con allegados al Presidente y algunos funcionarios venales.

Otra sería la suerte de Colombia si los responsables de aquellas dependencias sintieran la presencia de un organismo investigador de origen popular, que llevase cuenta de su desempeño. Tal fue lo previsto por la Constitución de 1991 al establecer la Comisión de Acusación; tal fue lo que no se cumplió en este período ya fuera por desidia, intereses cruzados o cualquier otra motivación presente en el ánimo de sus integrantes. En esencia se rompió el sistema de pesos y contrapesos previsto y se impuso como natural una anomalía que de continuar puede destruir nuestra democracia.

El caso de Petro es diciente: no obstante las exoneraciones que le han favorecido, todavía tiene vivas cerca de doscientas indagaciones. Las calumnias e injurias repetidas contra sus contradictores, los múltiples intentos de transgredir la separación de poderes, el empeño por arruinar el sistema electoral, el marchitamiento del sistema de salud y la muerte de innumerables pacientes, son apenas algunas de sus conductas que merecerían riguroso escrutinio.

La buena noticia es que nueve de los catorce miembros del organismo investigador no continuarán en sus cargos. Esta circunstancia facilita la posibilidad de recomponerlo, hacer posible que se aplique la ley sin importar el color político de los involucrados y dejar atrás los años del amiguismo y la impunidad.

Ojalá la nueva Cámara de Representantes pague la antigua deuda que tiene con el país y escoja una Comisión de Acusación propositiva, ajena a toda sombra de complicidad; integrada por personas de carácter, inmunes a la lógica burocrática partidista y guiadas por la voluntad de hacer prevalecer la majestad del Estado, la transparencia y la justicia.