Un gobierno indolente

Un informe de ‘Así Vamos en Salud’ indica que el sistema de salud llegó al cierre de 2025 y al inicio de 2026 en una situación caracterizada por un deterioro financiero, aumento récord de quejas y reclamos y una proyección de insuficiencia presupuestal que compromete la sostenibilidad del sector salud. Concluye que el panorama es el de un sistema con patrimonio negativo, pérdidas operacionales crecientes, un volumen sin precedentes de tutelas y un presupuesto que ha iniciado el año con señales de desfinanciación.

El gobierno al fracasar en el Congreso su nefasto proyecto de reforma de la salud, decidió desbaratar el sistema. Ha sido implacable la ofensiva del presidente y de su indolente ministro de salud contra los actores del sector. Petro y Jaramillo no solo no han arreglado lo que andaba mal sino que han destruido lo que funcionaba.

Son urgentes las medidas que estabilicen financieramente la salud y frenen el deterioro en la calidad del servicio que hoy sufren los usuarios en sus citas y tratamientos y en la entrega de medicamentos. El sistema comenzó el 2026 desfinanciado, con cientos de órdenes judiciales incumplidas y con pacientes pagando el precio de decisiones desacertadas e improvisadas.

Bien podría Petro concentrarse en conseguir que las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, comenzando por la Nueva EPS, hagan su labor de manera eficiente. Todo hace pensar que en los meses que faltan para terminar su mal gobierno, la salud seguirá en estado crítico.

Más que el éxito político de imponer a la fuerza un modelo ideológico, Petro debería enfocarse en encontrar las soluciones necesarias para superar la aguda crisis del sistema de salud, la cual es cada vez más dramática e inhumana. En el pasado, el sector enfrentaba problemas de calidad, necesitaba ajustes, pero no tratar de destruirlo como lo han hecho Petro, Corcho y Jaramillo. Además de lo anterior, académicos, sociedades científicas y gremios alertan de que el gasto de $4.2 billones en equipos básicos se ha hecho sin transparencia ni articulación con el sector.

Son innumerables las denuncias de cuánto se han incrementado los plazos para la asignación de citas y entrega de medicamentos. Las asociaciones de pacientes han reclamado que el gobierno corrija el rumbo antes que el sistema colapse por completo. Expertos y exministros de salud han aportado argumentos técnicos sobre la inconveniencia de las reformas. En la EPS más grande del país, la Nueva EPS, intervenida por el gobierno, la crisis financiera es de tal magnitud que pone en riesgo todo el modelo de salud actual.

Con un sistema de salud en crisis, es equivocada la propuesta de traslado de más de 6.6 millones de afiliados de una EPS a otra. Que la Nueva EPS, por ejemplo, pueda recibir nuevos usuarios, resulta incomprensible en las actuales circunstancias ya que presenta un deterioro financiero, dificultades operativas y un aumento enorme de tutelas y desacatos.

La prioridad debería ser estabilizar aquellas EPS intervenidas hasta que alcancen una mínima viabilidad financiera. Es evidente la determinación del gobierno de acabar con el modelo de aseguramiento vigente. Lo urgente es asignar los recursos para cancelar los billones que se adeudan al sistema, acabar con la corrupción y cumplir con las órdenes dadas por la Corte Constitucional.