Recortar también es decidir

El presupuesto de 2027 asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz $651.803 millones: $170.000 millones menos que el proyecto presentado por el Gobierno y, según la JEP, 16,6 % por debajo del presupuesto vigente de 2026. La inversión quedó en $34.119 millones. La entidad advierte que el recorte afectaría audiencias en territorio, representación de víctimas, defensa de comparecientes, investigación, protección y seguimiento de sanciones.

El país enfrenta una restricción fiscal real. El Gobierno tiene razón al exigir austeridad a todas las entidades. La JEP tampoco adquiere el derecho a fijar por sí sola cuánto debe recibir. Su advertencia importa, pero sigue siendo una evaluación propia, no la comprobación independiente de cada consecuencia. Debe mostrar cuánto cuesta cada garantía, qué puede aplazar y qué riesgo concreto produce el faltante.

El Gobierno tiene una carga distinta. El Acto Legislativo 01 de 2017 le ordena garantizar la suficiencia y la autonomía presupuestal y administrativa del componente de justicia del sistema de paz. Esa obligación no convierte cualquier solicitud en cheque en blanco. Sí exige demostrar que el monto aprobado permite cumplir las funciones constitucionales. La austeridad no puede consistir en recortar primero y averiguar después qué derecho quedó expuesto.

Mi posición es clara: no propongo devolver automáticamente los $170.000 millones ni doy por probado cada riesgo anunciado. Gobierno y JEP deben demostrar, garantía por garantía, qué cubre el presupuesto y qué riesgo deja abierto. La discusión no es cuánto quiere una entidad, sino cuál es el mínimo que la justicia necesita para responder.

Aplicaría la misma regla a cualquier tribunal y gobierno: autonomía con evidencia y responsabilidad por el resultado.

Para una víctima, una audiencia territorial puede definir si participa en condiciones reales o enfrenta una barrera de distancia y costo. Para un compareciente, la defensa técnica no es una comodidad institucional: es debido proceso. La paz pierde credibilidad si ofrece justicia en la norma y la vuelve inaccesible en la ejecución.

Propongo que la JEP y el Ministerio de Hacienda publiquen en treinta días un piso de operación judicial para 2027. Por cada garantía —participación territorial, representación, defensa, protección, investigación y seguimiento de sanciones— deberán informar cobertura mínima, costo unitario, meta anual, ahorro posible y riesgo de incumplimiento. La cifra debe poder reproducirse, no depender de cuál comunicado se lea.

La JEP también debe abrir sus prioridades. Antes de pedir más recursos, tendrá que explicar qué gastos administrativos y tecnológicos reducirá, qué actividades aplazará y por qué esos ajustes no trasladan el costo a víctimas, comparecientes o funcionarios. Afirma que ahorró $21.575 millones entre 2024 y julio de 2026; corresponde publicar el cálculo y sus efectos.

Si el ejercicio demuestra que el presupuesto no cubre garantías básicas, el Gobierno deberá presentar el mecanismo legal para corregir el faltante, identificar la fuente y someter el ajuste al control correspondiente. Si no lo demuestra, la JEP tendrá que reorganizar su operación y responder por sus prioridades. El seguimiento debe ser trimestral y público.

La paz no se protege inmunizando instituciones frente al control. Tampoco aceptando que un recorte vuelva simbólicos los derechos que administran. Se protege mostrando qué es indispensable, cuánto cuesta y quién responde.

Gobierno y JEP: saquen esta discusión de la pelea de cifras. Pongan los derechos en la cuenta. Recortar también es decidir; el país debe saber qué decidió proteger y qué riesgo aceptó correr.