¿Quién pagará por el presupuesto de la verdad?

Muy importante que el Gobierno Nacional haya sincerado, como lo ha llamado el presidente Abelardo de la Espriella, el Presupuesto General de la Nación, PGN, para el 2027 y así establecer las reales cifras de ingresos y gastos proyectados para el próximo año.

El nuevo proyecto asciende a $634,9 billones, cerca de $59 billones más que la propuesta inicialmente radicada por el gobierno de Gustavo Petro. El Ejecutivo sostiene que ese incremento no representa excesos de gasto, sino la incorporación de obligaciones que, según su diagnóstico, no estaban incluidas: recursos para salud, pensiones, subsidios de energía y gas, contribuciones fiscales, elecciones regionales y compromisos derivados del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, entre otros.

El problema es que reconocer obligaciones ocultas no elimina la necesidad de responder una pregunta esencial en este momento: ¿de dónde saldrá el dinero para responder a este billonario presupuesto? Porque este no solamente debe reflejar correctamente los gastos, también debe demostrar que cuenta con ingresos suficientes y sostenibles para financiarlos.

Y ese constituye uno de los principales retos que afronta el nuevo Gobierno, pues varias de sus promesas no parece que se pudieran cumplir en este nuevo escenario de las finanzas, al que hay que sumarle la demanda de millonarios recursos que implicará la reconstrucción, tras el terremoto que sufrió el país hace menos de un mes.

Colombia necesita saber con precisión cómo se van a conseguir los nuevos recursos, cuál será la senda para contener el déficit y, de manera ineludible, qué tipo de gastos se van a recortar.

Ya se habla de una ley de ajuste fiscal, con la cual el Ejecutivo pretende contener el crecimiento del gasto y enfrentar el deterioro de las finanzas públicas, esto implicaría unos $22 billones de recorte, pero ese ajuste debe ejecutarse con bisturí, no con hacha.

La austeridad no puede traducirse en desamparo social ni en freno a la competitividad. Los programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y las inversiones vitales para la infraestructura y el crecimiento económico deben blindarse de manera juiciosa. El recorte fiscal tiene que dirigirse a la burocracia ineficiente.

Otra parte de la ecuación es cómo se generarán más ingresos. El Gobierno ha dicho que no se implementarían más impuestos, pero ante la realidad de las finanzas, eso parece poco real, y es posible que los platos rotos de los desajustes del Estado los termine pagando el colombiano de a pie.

Ante el escenario inevitable de una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, el Gobierno debe medir con extremo cuidado de dónde saldrán esos fondos porque no se trata de cargar más a la clase media o al sector empresarial, motor del empleo y de la inversión del país.

La otra opción, que también es compleja, es elevar el nivel de deuda, por lo que fue ampliamente cuestionado el gobierno saliente. De ahí que sea fundamental que el Estado y el Congreso, que deberá avalar este presupuesto, tengan claras las fuentes de financiamiento que garantizarán que el país no se detenga.

Superar este momento crítico requerirá liderazgo técnico y sensibilidad social. El gran reto para el 2027 no consiste simplemente en lograr que las cuentas cuadren sobre el papel, sino en construir un presupuesto real, sostenible y creíble, que garantice la estabilidad financiera de la Nación sin hacer que los ciudadanos vulnerables paguen las consecuencias de las crisis. Es momento de hablarle al país con la verdad sobre la mesa.