¿Quién manda en el Pacífico?

Los caleños sabemos que habitamos una ciudad violenta. Lo que pocas veces se reconoce es que la inseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de “seguridad ciudadana”. Como señaló esta semana el Financial Times, los carteles latinoamericanos se han convertido en actores económicos con ingresos comparables a los de varios Estados nacionales. Ya no hablamos de bandas marginales o milicias urbanas, sino de conglomerados criminales que operan con la lógica de corporaciones transnacionales.

No es difícil entender el terrorismo que se cierne sobre la ciudad. El error ha sido creer que la violencia caleña se resuelve con más policía o cámaras, cuando en realidad es una batalla por la soberanía, por quién manda. Y la respuesta incómoda es que, en muchos territorios, no manda el Estado, sino redes armadas que controlan rutas, lavan dinero con alta eficacia y financian la vida diaria de miles de comunidades.

El Pacífico colombiano es una de las autopistas naturales del narcotráfico hacia el mundo. Buenaventura es su puerto, varios enclaves selváticos sus muelles y Cali la sala de máquinas donde confluyen flujos financieros, políticos y sociales. Allí se articulan redes logísticas y se disputan lealtades. No es casual que se aferren a municipios como Jamundí, El Tambo o Argelia, cuya ubicación les garantiza control de corredores y acceso directo a la región. Mientras tanto, los jóvenes de Aguablanca o Tumaco encuentran en las economías ilegales la única vía de ascenso social.

Los gobiernos no pueden seguir abordando este fenómeno con las herramientas del Siglo XX. Militarizar, capturar cabecillas, repartir programas asistenciales, todo esto ya se ha hecho y fracasado. La disrupción comienza por reconocer que estamos frente a una guerra de economías políticas. El enemigo no es solo el sicario del barrio —o el terrorista con brackets—, sino un sistema que genera más dinero que el propio Estado y que tiene la capacidad de sustituirlo en sus funciones.

¿Qué hacer entonces? Tres movimientos de fondo. Primero, convertir el Pacífico en el proyecto económico más ambicioso de Colombia, no en su periferia olvidada. Integrar la región al país con trenes de carga y corredores logísticos formales, crear zonas económicas especiales para industrias lícitas y hacer del desarrollo productivo la verdadera estrategia de seguridad.

Segundo, desmontar las finanzas criminales con la misma sofisticación que se usa contra los paraísos fiscales. La Unidad de Información y Análisis Financiero no puede seguir actuando como una oficina de reportes; debe convertirse en el equivalente colombiano del FinCEN estadounidense, capaz de rastrear el lavado de activos en tiempo real y con cooperación internacional.

Tercero, refundar la relación entre Estado y comunidad. No con programas sociales dispersos ni con los costosos aranceles de la consulta previa, sino mediante un pacto territorial que, bajo una lógica de ‘gana-gana’, asegure la presencia integral de justicia, salud, educación y seguridad bajo un mismo paraguas institucional.

Hablar de cultivos de uso ilícito exige otra reflexión; hoy, en realidad, nos debe ocupar la llamada guerra contra las drogas, que está perdida, y temo que lo mismo ocurra con otras economías ilegales. Lo que no podemos perder es la iniciativa de reconocer el potencial del territorio y encauzarlo en proyectos de impacto que, sí, vayan de la mano con mucha seguridad física, pero también con visión, inversión y cero retóricas.

Se trata de una nueva narrativa que nos libere del provincialismo y nos saque del tablero mundial del crimen organizado, con el concurso —lógico— del sector privado, en especial el internacional. Y, en medio del bullicio preelectoral, un candidato presidencial que comprenda esta realidad y actúe en consecuencia no solo ofrecería soluciones al Pacífico, sino que estaría redefiniendo la soberanía de Colombia en el Siglo XXI.