Petro tiene razón…

Petro tiene razón en afirmar que la transparencia de las elecciones del 2026 está en riesgo. Lo está, pero, no por la adjudicación del contrato de operación electoral a Thomas Greg & Sons, sino, porque no hay confianza en él como Jefe de Estado y en su Gobierno, pues en vez de ser garantes de las elecciones son su principal amenaza. Harán lo imposible para aferrarse al poder, echando mano a todas las formas de lucha, a todas.

No vale la pena detenerse en explicaciones sobre la crítica infundada a la empresa, más cuando es la que prestaba ese servicio al momento de Petro ser elegido congresista y presidente. No sobra reafirmar que el proceso fue diáfano, como lo indica el Registrador. Harina de otro costal es la obsesión del Primer Mandatario contra ellos que se evidencia en el lío de la impresión de los pasaportes, y que es parte de su estrategia política y electoral.

No es fortuito que él ponga en duda la transparencia de las elecciones. Lo hace para no aceptar el resultado si le es desfavorable y si le conviene decir que su alerta evitó un fraude. Y si se le deja un resquicio, tener un argumento más para torpedear su realización. Sabía que lo más probable era que la Registraduría le adjudicara el contrato a Thomas Greg & Sons y aguardó a que sucediera para disparar uno de los misiles de su arsenal.

Arsenal que incluye tres tipos de proyectiles: los electorales, de intimidación y descrédito. Los electorales incluyen el recién lanzado contra la transparencia de los comicios y cuyo blanco real es la toma de control de la Registraduría. A lo anterior se suma el incremento histórico de la nómina y de contratos de prestación de servicios, además de billonarios recursos en subsidios, convenios y contratos a organizaciones de base. Todo, con un fin electoral.

Los de intimidación son de dos clases; los de resorte de las organizaciones criminales para inviabilizar las elecciones en municipios afectos a la oposición e intimidar al votante para que respalde la continuidad de un régimen que les rinde pleitesía, les ha permitido rearmarse, traficar y asesinar, y los invita a compartir tarima. Y, los de inseguridad de los candidatos antigobiernistas; ahí está Miguel Uribe y el viaje a Manta.

El de descrédito de los contradictores incluye al menos tres artefactos de precisión: los bodegueros pagos con nuestros impuestos que le apuntan a descalificar a los críticos y a confundir a la opinión; el recorte de recursos nacionales a gobernadores y alcaldes ajenos al petrismo para atrofiar su gestión, mermar su respaldo y echar mano a ese descontento; y el montaje judicial contra el expresidente Uribe, quien de ser condenado, sería el mayor trofeo político.

En ese escenario de guerra irregular y de guerrillas, hicieron bien trece partidos políticos en no asistir a la Comisión de Coordinación y Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno Petro. “No es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestiona la legitimidad del sistema democrático y atenta contra la independencia de los poderes públicos”, dicen, con razón.

Petro no quiere soltar el poder y en el 2026 va por el Ejecutivo y el Legislativo. No conoce límites éticos y legales; es de su naturaleza. Por eso su arsenal puede ser letal si no se le neutraliza. Es urgente que los partidos y aspirantes a cargos de elección que coinciden en que este régimen no debe continuar, piensen en Colombia, depongan sus diferencias políticas y definan un plan para contrarrestar su estrategia y defender la democracia. De lo contrario, volverá a asaltar el poder como lo hizo en 2022, con una diferencia de fondo: si lo logra, se queda. No cuatro años más, décadas.