Los niños y el dilema de la guerra

Desde comienzos de la década de 1960, niños y adolescentes han sido reclutados y utilizados por los grupos armados en Colombia. Han pasado más de sesenta años y esta sigue siendo una de las prácticas más crueles y persistentes de nuestra violencia.

Los nombres de los grupos han cambiado, algunos desaparecieron y surgieron nuevas estructuras. Pero la práctica permanece: sacar a menores de sus familias y comunidades, incorporarlos a organizaciones armadas y convertirlos, muchas veces desde edades tempranas, en instrumentos de una guerra que nunca debió pertenecerles. Han sido utilizados en labores de vigilancia, información, mensajería y logística, y también para participar directamente en las hostilidades. Niños que deberían estar estudiando y construyendo su futuro terminan sometidos a las órdenes de organizaciones ilegales.

Pero existe una dimensión particularmente compleja del problema que merece una discusión nacional seria: ¿qué debe hacer el Estado cuando sabe que dentro de un campamento de un grupo armado hay menores reclutados? La primera respuesta no admite discusión: protegerlos.

Los niños reclutados son víctimas y conservan la protección especial que les reconocen la Constitución, la legislación colombiana y el derecho internacional humanitario. Pero allí comienza el dilema. La presencia de menores en los campamentos puede terminar convirtiéndose en una ventaja para quienes cometieron el delito de reclutarlos. El Estado debe proteger a esos niños, pero también a las comunidades amenazadas y enfrentar a los grupos armados ilegales.

Surge así una paradoja inquietante: quienes vulneran los derechos de los niños al incorporarlos a la guerra pueden terminar beneficiándose de la protección que el Estado está obligado a brindarles. Esto no significa disminuir la protección de los menores. Sería jurídica y moralmente inaceptable. Significa impedir que su reclutamiento represente una ventaja para los grupos armados.

No podemos resignarnos a escoger entre permitir que estos actúen con mayor libertad porque mantienen menores en sus campamentos, o poner en peligro la vida de esos mismos niños durante operaciones militares. Tiene que existir una tercera vía. Y encontrarla no puede ser tarea exclusiva de las Fuerzas Militares ni de los jueces. Estado y sociedad deben abordar una discusión seria sobre un dilema que no admite soluciones simples. La respuesta no puede reducirse a bombardear o no bombardear. Cuando llegamos a esa disyuntiva, el niño ya fue reclutado y todos hemos llegado tarde.

La discusión debe comenzar antes, en los territorios, familias, escuelas y comunidades donde los grupos armados buscan a sus víctimas. Se necesitan mejores mecanismos de prevención e inteligencia, alertas tempranas, reacción ante denuncias de reclutamiento y alternativas para recuperar y desvincular a los menores siempre que sea posible.

También debería estudiarse una instancia especializada de alto nivel que reúna experiencia jurídica, humanitaria, de seguridad y protección de la infancia. No para reemplazar a los jueces, sino para estudiar soluciones viables y establecer protocolos frente a situaciones tan complejas. El reclutamiento de menores es un crimen y la respuesta debe comenzar por impedirlo. El Estado y la sociedad tienen que fortalecer especialmente la prevención en los territorios de mayor riesgo, acompañando a familias, escuelas y comunidades.

La Constitución debe respetarse, las decisiones judiciales cumplirse y el derecho internacional humanitario observarse rigurosamente. Nada de esto está en discusión. Lo que sí debemos discutir es cómo impedir que la legítima protección de los niños termine siendo aprovechada por quienes vulneraron sus derechos al llevarlos a la guerra. Colombia no puede acostumbrarse a esta tragedia. Cada niño reclutado representa una doble derrota: la de una sociedad que no logró protegerlo a tiempo y la de un Estado que después enfrenta el terrible dilema de cómo recuperarlo de una guerra a la que jamás debió llegar.

Por eso no podemos escoger entre combatir a los grupos armados o proteger a los niños. La obligación del Estado es hacer ambas cosas. Y la responsabilidad de la sociedad es contribuir a encontrar cómo hacerlo.