La utilidad de la pobreza

En ciertos lugares, hay mañanas en que el silencio no es paz, sino resignación. Allí, donde las gallinas picotean bolsas de ayuda estatal y el tiempo se mide entre campañas, la pobreza no es solo una tragedia, es un sistema de gobierno. No por accidente, sino por diseño.

Esa lógica perversa no es nueva, ni es una revelación, pero sigue operando con eficacia. Los pobres no han sido vistos solo como necesitados sino como funcionales. No por lo que producen, sino porque garantizan votos dóciles, aplausos previsibles y una esperanza cuidadosamente racionada. La escasez se volvió rutina y la necesidad estrategia de campaña. Se da lo justo para agradecer, nunca lo suficiente para exigir.

Ese modelo no solo limita el presente, también distorsiona valores esenciales. El trabajo perdió su vínculo con la dignidad y se volvió castigo. La educación financiera es un lujo; el emprendimiento, más un acto de resistencia que una opción de progreso. Un ciudadano que ahorra, compara y decide, es difícil de controlar. Uno que vive del bono mensual y la rifa de subsidios, predecible, dócil y agradecido.

Esa percepción, arraigada por siglos, encuentra hoy terreno fértil en nuevas generaciones, donde el esfuerzo se mira con sospecha y la comodidad se confunde con bienestar. Hablar de libertad financiera —no como promesa abstracta, sino como capacidad real de generar y gestionar recursos propios— resulta casi subversivo.

Y, sin embargo, lo evidente persiste: cuanto más se promete erradicar la miseria, más se consolida. No por falta de recursos ni de conocimiento, sino porque su permanencia resulta útil. En muchas regiones, donde el Estado tutela y la economía sigue siendo primaria, la pobreza no se combate, se administra. Y quienes dominan el discurso justifican sus programas sin tocar el equilibrio político que estos sostienen.

De ahí que cualquier crítica al modelo asistencialista deba hacerse con claridad y sin simplificaciones. Esto no es un ataque a los programas sociales, que son vitales ante emergencias o para proteger a los más vulnerables. Es una advertencia sobre su uso como ancla, no como trampolín.

La libertad financiera es también una forma concreta de libertad política. Diversos estudios impulsados por organismos de desarrollo muestran que el acceso a propiedad productiva, redes locales de apoyo y formación en habilidades económicas está asociado con mayor participación cívica y menor exposición al clientelismo. En otras palabras, cuando el ciudadano es autónomo, es menos manipulable.

A la luz de nuestros ojos, muchos gobiernos privilegian el subsidio permanente por su rentabilidad política inmediata, en lugar de impulsar inversión, empleo y diversificación económica, que requieren reformas, disciplina y visión de largo plazo. No es casual, lo primero gana votos; lo segundo construye futuro. Países como Corea del Sur y Estonia lo entendieron, apostando por educación, tecnología y tejido productivo para transformar sus economías de manera sostenible y competitiva.

En el fondo, el dilema es entre dos formas de entender la ciudadanía, la sumisión agradecida o la autonomía crítica. La primera garantiza control; la segunda, deliberación. Superar esa disyuntiva exige políticas que enseñen a administrar, no solo a recibir, que empoderen con herramientas, no con consignas.

También implica recuperar el valor del trabajo como expresión de dignidad. Fortalecer redes de ahorro, formar desde la escuela en competencias económicas y facilitar crédito productivo no son soluciones de moda, sino condiciones de fondo. Y, sobre todo, adaptar cada política al territorio, sin imponer desde la comodidad del centro lo que solo se entiende desde la periferia.

La pobreza deja de ser útil cuando deja de ser negocio. Y en muchos territorios, eso —precisamente eso— sería revolucionario.