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Falta de rigor

Si algo caracterizó a la producción legal y judicial colombiana hasta la Constitución de 1991, fue la seriedad conceptual y el buen manejo del idioma.

28 de junio de 2020 Por: José Félix Escobar

Si algo caracterizó a la producción legal y judicial colombiana hasta la Constitución de 1991, fue la seriedad conceptual y el buen manejo del idioma. Los ciudadanos tienen derecho a exigir normas de conducta claras, ajenas a la ambigüedad, al igual que sentencias coherentes. Hay que reconocer que la Constitución de 1991 abrió un juego interpretativo muy amplio que ha servido para dar cabida a protuberantes errores de fondo.

Con claridad absoluta el artículo 42 de la Constitución Nacional expresó que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. La norma no da para ninguna interpretación diferente. Si las tendencias sociales llevaron a que el país aceptara las uniones entre personas del mismo género, tenía que ser labor del legislador introducir el cambio normativo correspondiente. Pero la ligereza y la falta de rigor condujeron a hacer decir al artículo 42 lo que no dice.

Parece increíble pero nuestras altas cortes discutieron durante un par de años la tesis según la cual los animales son sujetos de derecho.
Bizantinismo puro. Se sabe que el derecho es una invención de los seres humanos para regular sus prerrogativas, sus deberes y su conducta en sociedad. Pretender dar a los animales, incluso al simpático oso ‘Chucho’, el ejercicio de derechos es un error de fondo sin justificación alguna. La Corte Constitucional recapacitó y hace poco puso las cosas en claro al decir que los animales son “objeto” de protección.

Pero la falta de rigor pasó del reino animal al reino vegetal. En sentencia T- 622 de 2016 la Corte Constitucional calificó al río Atrato como sujeto de derechos con miras a garantizar su protección y conservación. Por esa misma línea se inclinó la Corte Suprema de Justicia al catalogar recientemente a la Amazonia como sujeto de derechos, tratando de proteger ese ecosistema de gran importancia global. Esperamos que las altas Cortes retornen al cauce del buen sentido y reconozcan que para proteger el medio ambiente no es necesario sacrificar la lógica.

A pesar de las muchas advertencias que se hicieron al gobierno de Santos Calderón, finalmente ese presidente sacó adelante un acuerdo con parte de la insurgencia colombiana, presentándolo como un hito histórico. Es cierto que algunos miles de integrantes de las Farc se reintegraron a la vida civil pero quedaron regados por el territorio otros miles de disidentes que hacen imposible calificar de histórico y definitivo el acuerdo firmado en el teatro Colón de Bogotá el 24 de Noviembre de 2016. Es indudable que faltó rigor.

La imprecisión ha llegado al Congreso. Siguiendo lineamientos internacionales ajenos a nuestras tradiciones jurídicas, en 2019 se profirió la ley 1996 por medio de la cual el Estado colombiano resolvió declarar que los incapaces son capaces, pero con la necesidad de contar con apoyos designados por la autoridad. Desde el derecho romano se reglamentó la situación de aquellas personas que por su falta de capacidades necesitaban de un curador que las representara. La nueva ley volteó la situación y ha creado serias dudas de interpretación.

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La congresista Juanita Goebertus proclama como gran éxito la próxima aprobación de la Región Bogotá-Cundinamarca. Se trata de una mala noticia para el resto del país, pues la mencionada región aumentará la concentración económica en la capital, ya hoy muy exagerada.

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