¿Justicia sin aislamiento?

Todo indica que el próximo primero de julio la Justicia en Colombia se pone en marcha. El Consejo Superior de la Judicatura no prorrogará la suspensión de términos que ha tenido a funcionarios y abogados encerrados y aislados. Durante la cuarentena toda una rama del poder público se limitó a sus funciones básicas de supervivencia y otras noticias y asuntos ocuparon las primeras páginas de los periódicos, con la correspondiente pérdida de protagonismo de los abogados, fiscales y magistrados.

Las partes funcionales del poder judicial durante la pandemia fueron las absolutamente esenciales y no tener el diario despliegue de noticias judiciales y abogados demandando todo por todo y de todas las maneras posibles debería motivar un análisis cuidadoso de qué es lo que hace que el sistema de justicia en Colombia esté sobredimensionado. Supongo que una parte importante tiene que ver con que acá toda solución viene con su respectivo problema, el kit legal: una acción legal, un procedimiento y una jurisdicción en lo posible especial, propia y creada a propósito, a veces adosándole comités, algún tipo de consulta o acciones públicas que puedan ser ejercidas por abogados profesionales o por los millones de ciudadanos que tienen anidado su abogadito en el alma. Nuestra naturaleza litigiosa ha permitido que en Colombia haya más -124- altos magistrados que senadores de la República.

En Colombia nunca se ha podido revisar el sistema legal y de Justicia de una manera que no sea aumentándolo, ni hemos podido que en el mundo real se apliquen las normas de descongestión, que los burócratas no sigan pidiendo autenticaciones prohibidas, duplicados suprimidos y originales desterrados, es decir hacerle la vida simple al ciudadano. Al contrario, el gemeleo judicial impide que los pleitos terminen porque siempre habrá un recurso qué interponer una jurisdicción qué activar.

Si recogemos de esta crisis las lecciones correctas, la irrelevancia de una gran parte del sistema judicial nos habla fuerte de qué es lo que realmente se necesita. En la pandemia la sociedad pudo vivir sin esa perniciosa recurrencia de la judicialización de todo, pero no sin tenderos, agricultores, industriales, médicos, transportadores ni policías.

Y la reactivación judicial que se avecina, ¿en qué condiciones se va a dar? La inmensa inversión de los últimos años se fue mucho en nómina, en una infraestructura a la que le metieron mucho ingeniero y poco arquitecto y una tecnología lamentable a la que la pandemia la cogió rezagada. No hay un edificio judicial adaptado para cumplir con normas de aislamiento. No imagino cómo harán en el Palacio de Justicia de Cali con protocolos de aislamiento si de los ocho ascensores cuatro no son para el público porque son exclusivos de funcionarios. Los ‘palacios’ de justicia y las sedes judiciales son un ejemplo del maltrato público a los usuarios que los financian, que ni siquiera pueden usar los baños porque son exclusivos de los funcionarios y no para las miles de personas que diariamente los necesitan. Y la cosa se repite en La Alpujarra en Medellín, en el Centro Cívico en Barranquilla o en el Paloquemao en Bogotá.

Cuando luego de la bomba del 2008 los juzgados de Cali terminaron dispersos en una cantidad de edificios viejos del centro había uno con un solo ascensor que traqueaba al arrancar y chirriaba al parar, un cajón para cuatro personas y en el primer piso tenía pegado un letrero en papel escrito con marcador y se leía “ojo: solo dos personas, si se suben tres se matan”. Déjà vu del aislamiento pandémico, el problema sigue, si meten tres en los ascensores actuales, se matan.