Fallar por una visa

Fallar por una visa

Mayo 19, 2019 - 11:55 p.m. Por: Guillermo Puyana Ramos

Por fuera de la galería, todo salió mal en la polémica de las altas cortes con Estados Unidos por la cancelación de visas a algunos magistrados, para supuestamente presionarlos a aceptar las objeciones presidenciales a un punto de la ley estatutaria de la JEP que el gobierno norteamericano había dicho hace tiempo que no le gustaba porque consideraba que lo legislado en el marco de los acuerdos de La Habana iba contra la naturaleza de la extradición.

En vez de guardar silencio y fallar como bien les pareciera, los magistrados entraron en una controversia política y dieron lugar al más humillante manoseo que se haya visto contra la rama del poder encargada de arbitrar y zanjar las diferencias en vez de profundizarlas.
El país terminó con la terrible duda de si nuestra independencia judicial depende de un permiso de entrada a otro país. Quien creyera que el fondo se había tocado con la seguidilla de magistrados llevados a juicio acusados de corrupción que empezó con Jorge Pretelt y, que llegados al sumidero, ya solo quedaba pararse de la indignidad, puede contar ahora que la crisis de credibilidad la Justicia era posible empeorarla y que la misma Justicia haría la tarea.

Los magistrados mostraron su falta de sentido histórico y su nula noción de política exterior, con el paso de los días cayeron en cuenta de lo que escuetamente les respondió la embajada americana el día de la madre: la política de visado depende de su ley interna, hace parte de su soberanía recibir o no a visitantes extranjeros y no tienen que explicarlo y no dan visas a quienes no cumplen los requisitos, que es lado del que quedaron los magistrados. El comunicado recordó que la actual política de extradición viene de treinta años de colaboración con “valientes hombres y mujeres de la rama judicial colombiana, que trabajan incansablemente y con integridad para garantizar el estado de derecho”.
Es el lapso en el que la mafia asesinó a Hernando Baquero Borda (1986) y Enrique Low Murtra (1991), para mencionar dos de los tantos que duelen; fueron asesinados por sus posiciones para que la extradición fuera lo que es hoy, un trámite, no un juicio, en el que el gobierno decide y la Justicia verifica la identidad del requerido y que el comportamiento sea delito en ambos países, para que el requerido se defienda donde lo piden; a la mafia de los 80 y 90 le interesaba que la extradición fuera como quedó en la ley estatutaria de la JEP y mató a quienes se le opusieron.

Pero el episodio es formativo. Supimos que además de la autonomía de los países en su política de visado, las visas son en efecto herramientas de política exterior: se usan legítimamente para presionar o evitar decisiones que pueden afectar las relaciones entre países, algo que vemos todos los días y por todo el planeta: China negó la visa al delegado de Juan Guaidó a la reunión del BID; para proteger su relación con España, Canadá negó la entrada al separatista catalán Carles Puigdemont; Inglaterra al dueño del Chelsea Román Abramovich; Japón al grupo ecologista Sea Shepperd; los chinos a Katy Perry por andar apoyando la independencia de Taiwán. Ningún país está obligado a recibir a quienes afectan sus intereses o las bases de las relaciones bilaterales.

Lo malo es que ya cualquier decisión la macularon los propios magistrados. Si fallan por las objeciones dirán que fue por temor a perder la visa o gratitud porque se la devolvieron; si fallan en contra dirán que fue por vindicta. Empezó mal, terminará mal.

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