Guerra de firmas

Guerra de firmas
Lo que nos faltaba: ver en la calle al expresidente Uribe compitiendo con la senadora Claudia López en la recolección de firmas contra la corrupción.

Eso no está mal, porque al agitar esa bandera, se transmite un mensaje de rechazo a esas prácticas que, a lo mejor, logra el milagro de meternos en la cabeza a los colombianos que la corrupción no sólo debe sancionarse, sino que no podemos ser tolerantes ante ella.

Pero lo que es increíble es que quien lideró dos gobiernos salpicados con escándalos de corrupción, sea quien salga ahora a la calle, con cara de ‘yo no fui’, a recoger firmas para acabar con ella. Recordemos por encimita lo que hubo en sus mandatos: chanchullos de Odebrecht; desfalcos a la salud y a la Dian; dos exministros presos por sobornar congresistas para lograr la aprobación de la reelección presidencial; un exministro condenado por beneficiarse políticamente con los subsidios de Agroingreso Seguro; el jefe de seguridad del Presidente extraditado a Estados Unidos por su relación con el narcotráfico; un primo del Presidente, senador y dirigente de su movimiento político, preso por sus relaciones con los paramilitares y acusado de beneficiarse con tierras arrebatadas por estos a los campesinos; los hijos del Presidente involucrados en noticias sobre tráfico de influencias para obtener beneficios en negocios, en fin...

Pero como estamos en Macondo y, por lo tanto, aquí se padece la enfermedad del olvido, es perfectamente posible que cosas así sucedan.

Y aun cuando el proyecto del Centro Democrático tiene aspectos interesantes (darles mayores armas a los organismos de control para combatir la corrupción, promover la sanción social, crear “muros de la infamia” para los corruptos, establecer que se paguen parte de las condenas con trabajo social, se creen inhabilidades por corrupción que incluyan la muerte política y se terminen beneficios como la abolición de la casa por cárcel o la reducción de penas), tiene colgado un mico aterrador: el respaldo, con firmas, a que se desbarate el acuerdo de paz, a base de modificar las normas aprobadas mediante el fast track. Es decir, que pegado al cuento de “acabemos con la corrupción”, va el de “volvamos a la guerra”. Porque no puede cabernos duda: al incumplir los acuerdos con las Farc, la mayoría de los casi siete mil excombatientes que han concurrido a las zonas de concentración, no obstante que el gobierno incumplió su compromiso de tenerles condiciones mínimas de servicios públicos, etc., se sentirán burlados y engañados y, muy probablemente, volverán a las armas.

De modo que no nos dejemos engañar; no permitamos que la batalla por las firmas contra la corrupción la gane Uribe. Apoyemos más bien la propuesta de consulta popular anticorrupción de Claudia López, que busca limitar a tres períodos el tiempo de los elegidos; obligarlos a publicar sus declaraciones de renta y sus conflictos de interés; hacerlos rendir cuentas periódica y detalladamente; establecer que los presupuestos de inversión se prioricen en Audiencias Públicas con la ciudadanía, que vigilaría su ejecución y contratación; ordenar que se terminen sin indemnización los contratos entre el Estado y los condenados por corrupción y que las penas de los corruptos se paguen en la cárcel sin reclusión especial; y fijar un tope de 25 salarios mínimos para remunerar a los congresistas y altos funcionarios.

Sí, apoyemos la propuesta de Claudia, que no esconde micos malévolos.