Reforma política (2)

Noviembre 26, 2022 - 11:50 p. m. 2022-11-26 Por: Francisco José Lloreda Mera

Siguiendo con el análisis de la reforma política a estudio del Congreso, contempla tres cambios adicionales a los de la lista cerrada y la financiación estatal de las campañas, que vale la pena revisar: la posibilidad de que los congresistas sean ministros, cambiar de partido por una sola vez de nuevo, y prohibir la destitución de un funcionario elegido por causa disciplinaria. Si bien faltan cinco debates, amerita la mayor atención nacional.

Se propone que los congresistas elegidos puedan ser ministros. Esta opción existió y fue ampliamente utilizada hasta la Constitución de 1991, con sus virtudes y defectos. Se piensa revivir. Indica el Ministro del Interior en su defensa que “le da más peso político al Gobierno frente al Congreso” y “aprovecha la inteligencia del Congreso”. Quienes se oponen afirman que debilita el sistema de frenos y contrapesos y que sería un retroceso.

En un sistema parlamentario el Gobierno emana del Parlamento; quien gana las elecciones legislativas, pone el gobierno. Por eso los Primeros Ministros o Jefes de Gobierno suelen ser parlamentarios. En los sistemas presidenciales como el nuestro, el ejecutivo y el legislativo derivan del voto directo, pero de manera independiente, y cumplen funciones distintas. Deben colaborar armónicamente a partir de un principio de separación de los poderes.

Permitir que los congresistas pasen al Ejecutivo desnaturaliza el sistema de gobierno. Suficiente lío ha traído el cruce de las ramas en la elección del Procurador, Contralor y Fiscal. Lejos de actuar como contrapeso se convirtió en una oportunidad de transacción clientelista y contractual, de corrupción. Revivir la posibilidad de que los congresistas sean ministros es institucionalizar la cooptación del Congreso de parte del Ejecutivo.

A lo anterior se suma, de nuevo ‘por una sola vez’, la posibilidad de cambiar de partido. Esta medida no solo permitirá que quienes se sienten más cómodos cerca del Gobierno a ser parte de un partido más afín o que se les coaccione a hacerlo so pena de perder las prebendas.

Más sabiendo que, contadas excepciones, los partidos y los políticos tienen precio. No en vano se lee como cimientos para afianzar la continuidad de la izquierda.

Esa genuflexión en el cambio de partido, que no es nueva, ha contribuido a su debilidad. Los partidos ya no se toman en serio. Por eso no sorprende el transfuguismo ideológico. Con tal de mantener la capacidad de las estructuras y empresas electorales, todo vale. Con una habilidad admirable para justificarlo, que raya con la deshonra. La posibilidad de nombrar congresistas como ministros y cambiar de partido, envilece más la política.

No es una buena señal, tampoco, cercenar en la reforma la función sancionatoria de la Procuraduría. Es cierto que en fallo controvertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohibió la destitución por vía administrativa de quienes han sido elegidos por voto popular, salvo lo realice un juez. Pero seamos claros: eso no ayudará a depurar la política. Al revés, será un incentivo para la indelicadeza, los excesos y la corrupción.

Si a lo anterior se suma una lista cerrada aun sin procedimientos que permitan oxigenar los partidos y la financiación exclusivamente estatal de las campañas -que no impedirá ríos de dineros bajo la mesa, pero sí la vinculación legal y transparente de ciudadanos y de empresas privadas- la probabilidad de que se atornillen los mismos en las mismas, es alta. El Gobierno nacional y su bancada en el Congreso sostienen que la reforma va a “acabar con el clientelismo y la corrupción electoral”. Al paso que va, las va a incentivar.

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