Rechazo y claridad

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene consternado al país, con razón. En algunas ciudades de Colombia y el exterior se realizan protestas para llamar la atención de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional. Esto, en el epílogo de un gobierno que se la jugó por detener el derramamiento de sangre, con aciertos y errores, y en tránsito hacia uno que se comprometió con mejorar la seguridad.

Tiene preocupado al país porque no es claro quién los está matando y las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes. Es cierto, como lo indican las autoridades, que no todos los asesinatos son de líderes sociales ni de defensores de derechos humanos. Pero merece el mayor rechazo, entre otras porque se sigue aplicando justicia por mano propia, independiente de la víctima, los móviles y las circunstancias propias del cada muerte.

No ayuda a su esclarecimiento apreciar los casos como una persecución política y social, similar a lo ocurrido con la UP, sin que exista claridad al respecto. Tampoco contribuye el no tener claro quién es y quién no es un líder social. Es decir, el asunto es complejo, al punto que el Gobierno, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo afirman que la mayoría de los asesinatos señalados estarían relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal.

Esto no convierte esas muertes en menos relevantes, pero ayuda a desentrañar las causas y por medio de estas, a dar con los victimarios y encontrar soluciones. Si resulta cierto, como lo dicen las autoridades, que buena parte de los asesinatos han ocurrido en zonas o con ocasión de dinámicas propias de la economía criminal, es inevitable pensar que mientras no se pongan en cintura esas conductas ilegales, van a continuar las muertes.

Por eso llama la atención el anuncio -a estas alturas del gobierno- de planes pilotos que se basan en esquemas de protección individual. Por esa vía van a terminar todos los que ejerzan una función de liderazgo social o defensa de derechos humanos, en carros blindados, con escoltas o celulares pagados por el Estado. Será una lista larga en la que terminarán protegidas personas que lo necesitan y que actúan en la legalidad y otros que no lo hacen.

Así como hay grandes líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido vilmente asesinados, incluso por oponerse a los designios de las bandas y organizaciones criminales, algunos -según el Gobierno- lo han sido en circunstancias personales o ajenas a su trabajo. Y otros -no debe ni puede ocultarse- por su vínculo con actividades criminales, donde la bala y no la ley, manda; estos no son líderes sino delincuentes. Es la realidad.

Lo anterior indica que además de garantizarle la vida a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en riesgo, con medidas de seguridad, la solución de fondo es estructural y pasa por una mayor presencia del Estado. Mano dura contra el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, caldos de cultivo del crimen y la violencia. Y establecer, caso por caso lo ocurrido: quién está detrás de cada asesinato y llevarlos a la Justicia.

La justicia por mano propia es señal de incivilidad, de involución: de guerra, no de paz. El asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos merece un rechazo nacional y un reclamo respetuoso y firme a las autoridades, para que sean más efectivas. Y tener cuidado con generalizar: apreciar los asesinatos como una persecución a unos grupos específicos es apresurado, dificulta llegar a la verdad y perjudica a las víctimas.

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