Mensajes cruzados

Colombia se acostumbró a que los indígenas del Cauca invadan sembradíos de caña. Se acostumbraron los gobiernos, las autoridades, los medios, y los propietarios de la tierra. Y desde los despachos oficiales en Bogotá se aprecia como un insuceso lejano y no falta quien lo justifique pues hizo carrera -y se cumple a rajatabla- que los indígenas tienen un mejor derecho que el resto de ciudadanos, aunque la Constitución diga lo contrario.

Pero esos incidentes, vistos por algunos como un pleito histórico y reivindicativo entre unas pobres e indefensas comunidades indígenas sobrevivientes de la masacre de los españoles y unos terratenientes de hábito feudal, empieza a hacer metástasis a otras regiones, a otros sectores y a distinto tipo de propietarios. Ahí sí se pellizca el Gobierno, que como otros, a fuerza de costumbre termina tolerando el atropello de los indígenas.

Pues bien, ya no es solo el norte del Cauca y el sur del Valle, ya no es sola la agroindustria de la caña ni unos ‘terratenientes’ las víctimas de las invasiones. Y ya no son solo unos ‘pobres indígenas’ reclamando más tierra. Resulta que el fenómeno de las invasiones se trasladó a cinco departamentos, al sector ganadero, a predios expropiados a los narcos, y a propietarios de regreso a su parcela despojados de su tierra por el paramilitarismo.

La invasión de tierras se recrudece en los departamentos de Valle, Sucre, Magdalena, Cesar, Bolívar y Santander. Dan cuenta los medios que en Sucre se ha acrecentado (con apoyo de colectivos de abogados que nadie investiga), que en Cesar, Bolívar y Santander pasa igual (acompañado de la intimidación del Eln) y que en Magdalena, propietarios expulsados por ‘los paras’ están siendo invadidos por reales o supuestos campesinos.

Este fenómeno se ha multiplicado por distintas razones, entre ellas, la debilidad de más de un mandatario regional y local para hacer cumplir la ley. También, por la tembladera que el tema les produce a los distintos gobiernos nacionales cuando de contrarrestar el delito se trata o de poner en su sitio a los indígenas e invasores. Y en la coyuntura, por los mensajes cruzados del nuevo Gobierno y que a juzgar por los hechos atizan el fuego.

Señala la ministra de Agricultura con razón que no es invadiendo tierras que se llevará a cabo la política de acceso a la misma sino con base en la ley y la Constitución. Pero su declaración vino acompañada de un matiz complejo. Dijo: “Paren la invasión de tierras productivas”, como justificando la de tierras que no son productivas y cuyo rasero nadie conoce, como si el derecho a la propiedad no fuese suficiente para censurar la invasión.

Pero hay mensajes cruzados no verbales que alientan las invasiones, aunque no sea ese su propósito. Cuando se nombra en un alto cargo a un invasor de tierras, se dice que no se construirán más cárceles, que una comisión se las ingeniará para solicitar la libertad de los vándalos de la primera línea, que no habrá extradición ni erradicación forzosa de coca y discute el fin del Esmad, hay una señal nefasta de condescendencia con el delito.

Eso es lo que está pasando mas allá de si el Gobierno es consciente de su gravedad. La invasión de tierras, no solo en un departamento y a un sector productivo, sino en varias regiones y a distintos tipos de propietarios de la tierra es delicado e invita a reflexionar tanto al Gobierno como a todos los integrantes de la sociedad. Y, en especial, sobre si la ley aplica a todos por igual y, si el derecho a la propiedad privada realmente existe, importa y se protege en Colombia independiente del dueño y quien pretende usurparlo.