Estado sitiado

Hace doscientos años Colombia decidió ser una república, con un sistema democrático, cimentado en un Estado de derecho. Es decir, un marco legal preestablecido, cuyo eje es una Constitución. Esta señala la organización del Estado, los derechos y obligaciones y los procedimientos políticos, que nos rigen como sociedad y que mientras estén vigentes deben cumplirse; y establece además, distintos mecanismos legales para reformarla.

Ese Estado de derecho está siendo suplantado por el Estado de “la calle” con la anuencia de muchos de quienes dicen o juraron solemnemente defenderlo. Un nuevo Estado, más riesgoso e incierto que el denominado Estado de opinión, volátil y peligroso, duramente cuestionado en el pasado y que, comparado con el de “la calle”, es un juego de niños. En el de “la calle”, el poder descansa en quien doblega con violencia al Estado de derecho.

Me explico. Se cumplen 19 días del mal llamado Paro Nacional. Mal llamado, porque sin restar relevancia a quienes han marchado pacíficamente, la mayoría se quedó en su casa. Es más, los ciudadanos estamos secuestrados, pues se trata de un “paro” impuesto y no voluntario. La movilidad está limitada, las empresas cerradas y los trabajadores de brazos cruzados, no porque no quieran ir a trabajar, sino, porque están amenazados.

El Gobierno ha abierto decenas de mesas de diálogo a nivel nacional y en las regiones, procurando acuerdos que le regrese a cuenta gotas la funcionalidad al país. Pero lo hace con un fusil en la sien. Se confunde escuchar con chantaje. “Hay que escuchar la calle” vociferan varios desde las tribunas como si fuese el circo romano. Lo que la llamada “calle” debe hacer es votar en las elecciones, no tratar de imponer su visión a la brava.

Ese es el tema de fondo. Colombia tiene dos caminos para definir su futuro: a través de los canales insitucionales establecidos en la Constitución y propios de una democracia, o a través de la violencia.
Porque los bloqueos son un medio violento, criminal. Si escoge este último, “la calle”, deben eliminarse los órganos de representación y las elecciones, de alcaldes, gobernadores y presidente; pareciera que sus mandatos no tienen valor.

Se confunde además el malestar de muchos, con un respaldo informado y consciente a las exigencias de los organizadores del paro. La mayoría de los manifestantes nunca se leyeron la tributaria, ni saben de qué trata la reforma a la salud, buena o mala. Repiten como loras que retiren la laboral y la pensional, cuando no se ha presentado ninguna. Y muchos medios y opinadores en éxtasis celebran la disolución de la institucionalidad.

Lo que está ocurriendo es un golpe al Estado de derecho. Es el triunfo de la violencia y las vías de hecho sobre las vías pacíficas y la legalidad. En adelante, en lugar de partidos políticos hay que conformar células expertas en vandalismo y bloqueos de vías, o ser parte de una comunidad indígena que tiene patente para destruir. A ese escenario macabro, en el que en la calle y con la intimidación se dirimen las diferencias, se encamina el país.

No es tarde para que haya consciencia sobre la gravedad de lo que está ocuriendo. Para que se entienda que una cosa es dialogar y escuchar y otra el Estado de “la calle”. No es tarde para que los expresidentes, los políticos y quienes aspiran a gobernar a Colombia, alcen la voz en defensa del Estado de derecho, hoy sitiado. Si no lo hacen ahora, cuándo.

Lo que está en entredicho no es Duque, sea bueno o malo: es Colombia. Es hora de decir basta y de actuar con grandeza, y recordar que sin ley y orden, no hay libertad posible.

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