Decisiones

El Ministro de Hacienda anunció que el Gobierno está considerando la firma de nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Una noticia alentadora que de concretarse debería contribuir a tranquilizar los mercados, más con la ratificación del presidente de Ecopetrol. Pero no es claro que suceda, al menos en la medida deseada, mientras se insista en una reforma tributaria que asfixia a las empresas de la industria.

Las reservas de petróleo y gas del país son limitadas pues varían entre siete y ocho años, recurso que de no estarse reemplazando se agota pues la producción en los campos declina 15 por ciento al año de manera natural y desde el momento en que se firma un contrato de exploración hasta el primer barril técnico pasan seis años en promedio. Es decir, cuatro años sin nuevos contratos equivale a 10 años sin nuevos hidrocarburos.

Valga recordar que por cada pozo exitoso se requieren cinco pozos perforados (tasa del 20 por ciento) y el número de pozos pactados en los
contratos de exploración existentes al 2030 es de 275, es decir 30 al año de lo cuales 6 serían exitosos; muy pocos. Colombia necesita por lo menos 100 pozos exploratorios al año para sostener la producción, y para cumplir con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, basado en 710.000 barriles diarios.

Siendo tan claras las cuentas y absolutamente evidente que una transición energética, económica, fiscal y de regalías, productiva y laboral, toma décadas y no unos pocos años, no se entiende que esa puerta haya estado cerrada, aunque es mejor tarde que nunca. Resta aguardar el estudio que realiza el Gobierno sobre el particular y el alcance real de un eventual programa exploratorio a ejecutar de parte de la ANH e incluso de Ecopetrol.

De nada servirán, sin embargo, unos nuevos contratos de exploración, si no se revisa la reforma tributaria. Con la carga fiscal planteada (pasa del 65 al 85 por ciento) el interés de invertir en Colombia se desvanecerá. Infortunadamente y contrario a lo señalado y percibido, a medida que avanza su trámite, se golpea más a la industria. De aprobarse así, la caída en la producción al 2032 será entre 300.000 y 450.000 barriles diarios.
Absurdo por donde se le mire. Más cuando se apela a un falso dilema entre el cambio climático y los combustibles fósiles; cuando el país aporta solo 0,4 por ciento de los GEI (Gases de Efecto Invernadero).

Ningún país y menos si es autosuficiente en petróleo y gas, tiene previsto acabar la industria. Solo en Colombia se apunta a destruir la principal fuente de divisas y de recursos fiscales del gobierno central y regalías para las regiones.

Un reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría señala que el 78 por ciento de los colombianos respalda la industria y el 66 por ciento considera que si se deja de explorar se afecta la economía y el empleo y, puestos a escoger el 70 por ciento prefiere la reducción de la pobreza apalancada en recursos del petróleo y el carbón en lugar de diezmarla para contribuir a contener el cambio climático global. El país la tiene clara.

También la tiene cada día más clara el Congreso, independiente de partidos e ideología. Una promesa de campaña no puede prevalecer sobre el interés nacional. Sacar adelante los contratos de exploración y producción existentes y explorar más es un asunto de responsabilidad, como lo es una tributaria que no ahorque la industria. Por una razón: no habrá exploración con una industria asfixiada y, una tributaria con una exploración amputada no recaudará lo prometido. Dos decisiones que no admiten margen de error.