Cuidado

Al presidente Gustavo Petro, como al resto de ciudadanos, le preocupa el costo de los servicios públicos y en especial el de la electricidad. Está bien entonces, la búsqueda de soluciones para que estos golpeen lo menos posible al usuario, empezando por los más pobres. Es un objetivo loable y un debate oportuno. Donde surge la duda, y de ahí la controversia, es en la manera propuesta de llevarlo a cabo existiendo mejores opciones.

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, así lo establece la Constitución. Dice, además, que estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que corresponde al Presidente señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de los mismos, y la Ley 142 de 1994, al crear las comisiones de regulación, establece que sus funciones se derivan de una delegación presidencial.

Es decir, si el Presidente quiere, retoma esas funciones. Pero el tema es más de fondo: preocupa que las tarifas de los servicios públicos se terminen definiendo por razones políticas y que se pierda la independencia -indispensable- de la función regulatoria. Es inevitable, además, que lo anunciado sea leído por muchos como parte de un objetivo superior: concentrar el mayor poder posible en la figura presidencial.

Las comisiones responden a una doble lógica: que unos organismos técnicos velen por la competencia, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, para lo cual es clave la fijación de criterios y fórmulas al definir las tarifas, y que sean independientes, ajenos a la política y a los caprichos de turno. Cabe el símil con el Banco de la República; su independencia es esencial para evitar arranques populistas en la política monetaria.

Señala el Presidente que la razón de la controvertida decisión es la defensa del interés general y la del usuario pues la propia Constitución y la ley así lo exigen. Lo paradójico es que, a juzgar por los primeros anuncios -con frágil sustentación- de algunos altos funcionarios puede terminar sucediendo lo contrario: lastimando el interés general y a todos los usuarios, incluidos los más pobres. No en el corto plazo, pero sin duda a la vuelta de unos años.

Lo ideal, dirán algunos, es que la electricidad fuese gratis, pero generarla, transmitirla, distribuirla y comercializarla, cuesta. Y cuesta garantizarle al país una oferta mínima de electricidad; un respaldo en la capacidad de generación en caso de contingencias. Ya el país vivió la experiencia amarga de un apagón en 1992, y estuvo cerca de otro en 2016 cuando necesitando gas para la generación térmica Venezuela no le cumplió al país con el envío de gas.

Tiene sentido revisar opciones para reducir el costo de las tarifas de electricidad, pero remunerando como corresponde a cada agente de la cadena, público o privado, y sin poner en riesgo la robustez del sistema.
Si no es así, la calidad del servicio, la posibilidad de llevar electricidad a más colombianos y la confiabilidad, se van a ver comprometidos. Terminaría siendo más grave la medicina que la enfermedad. Más costoso para todos.

Es ahí donde el país se pregunta si para lograr un fin válido es necesario quitarles las funciones a las comisiones de regulación empezando por la de energía y gas, teniendo el Gobierno mayoría en las mismas y existiendo opciones, incluidos subsidios focalizados de carácter temporal. Las comisiones no son infalibles y sin duda pueden y deben mejorar, pero le han cumplido con creces al país. Su independencia, rigor y capacidad técnica las necesita el sector. Ojalá el Presidente y el Congreso, sean extremadamente cuidadosos.