Confusión

La Declaración Americana de los Derechos Humanos consagra una serie de derechos que cimientan la protesta social, entre ellos la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento; el derecho de reunirse pacíficamente en manifestación pública o en asamblea transitoria, y el de asociarse con otros para promover, ejercer y proteger intereses legítimos de orden político, económico, social, cultural, profesional y sindical.

En ninguna parte establece el derecho a incendiar buses de transporte masivo, destruir estaciones, locales comerciales, cajeros, derribar monumentos y embadurnar de grafitis agresivos las ciudades. Tampoco consagra el derecho a portar armas ilegales, a insultar, agredir, herir y dar muerte a personal de la Policía, impedir el tránsito de ambulancias, desabastecer de alimentos, insumos médicos y combustible a millones de habitantes.

No contempla tampoco excepciones en razón a la ideología, religión, raza, etnia, edad o condición social de quien protesta. No lo hace, pues los Derechos Humanos, al menos en teoría, aplican a todos por igual. La Declaración precisa incluso que el derecho de reunión debe ejercerse pacíficamente. Es decir, si es con violencia o transgrediendo la ley, no es protesta, es otra cosa: una turba, una asonada o un concierto para delinquir.

Independiente de si se es joven o adulto, rico o pobre, afro, caucásico, mestizo o indígena, nada justifica la violencia ni atropellar los derechos de los demás. Cosa muy distinta es hacer todo lo posible, como sociedad, para arrancar de las garras de la pobreza y de la desesperanza a cientos de miles de jóvenes; ofrecerles unas oportunidades mínimas en la vida, de estudio y trabajo. Nivelarles la cancha de la inequidad en la que han nacido.

Por eso la iniciativa de facultar al Presidente a otorgar indultos y designar ‘promotores de paz’ a quienes se encuentren privadas de la libertad “por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta” causa controversia. No podía ser distinto, más cuando el fin es sacar de la cárcel a quienes delinquieron y destruyeron las ciudades amparados en el derecho ‘sacrosanto’ a la protesta social.

Ha decidido el Congreso de la República designar una comisión para escuchar a quienes han sido judicializados por cuenta de los delitos cometidos. Algunos regresarán con el corazón compungido a decir que están injustamente detenidos, que la Fiscalía ha actuado arbitrariamente y se ha ‘criminalizado’ la protesta. Seguramente insistirán algunos en exonerarlos de culpa y dirán que el culpable es el Estado que les ha fallado.

Luego el país se queja de los altos niveles de inseguridad, violencia e impunidad. Un país acostumbrado y que ha acostumbrado a los delincuentes, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, que tarde o temprano sus crímenes y desmanes serán perdonados, con cualquier pretexto, está condenado a la violencia. Qué mensaje da a los jóvenes que no acuden al delito y a la violencia sino a las vías legales para manifestar sus desacuerdos.

La protesta social es de la esencia de toda democracia, debe garantizarse y protegerse. Pero deben también garantizarse y protegerse los derechos de quienes no protestan. Y sí, toca hacer más por los niños, jóvenes, adultos y los viejos, aprisionados en la pobreza, en una sociedad de dolorosos contrastes entre la opulencia y la miseria. Pero este propósito mayor no debe confundirse con sacar de la cárcel a como dé lugar a quienes han delinquido usando de fachada la protesta. Y todo por una promesa de campaña.


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