Atropello pensional

La vejez de 5,7 millones de colombianos es un suplicio dado carecen de una pensión. De estos, 1,7 reciben 80.000 pesos mensuales del programa Colombia Mayor. El Gobierno Nacional plantea un auxilio de 500.000 pesos para tres millones de adultos mayores no pensionados, es decir, subirle a quienes ya reciben algo y apoyar a 4 millones que aún no reciben nada. Un fin al que nadie debería negarse. El problema está en el mecanismo.

Tenemos dos sistemas de pensiones: el Régimen de Prima Media, RPM, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Rais. En el primero, que administra Colpensiones, el ahorro va a un fondo común; en el segundo, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a cuentas de ahorro individual. Existe además el programa Colombia Mayor, el de Beneficios Económicos Periódicos, Beps, y algunos regímenes especiales.

El Gobierno propone financiar el auxilio para los adultos mayores con el flujo del ahorro privado de las personas que cotizan en el Rais con la promesa de que cuando lleguen a la edad y tiempo de pensión, esta se les reconocerá. Es decir, gastarse hoy los ahorros pensionales de millones de colombianos, constantes y sonantes, a cambio de una expectativa que puede no darse, pues depende de un endeudamiento descomunal.

Una propuesta equivocada por tres razones. La primera, porque incrementaría la deuda pensional en más de 580 billones (valor presente) sin contar la actual de Colpensiones. El pasivo pensional pasaría de 82% a 224% del Producto Interno Bruto, regresando a épocas previas a la Ley 100 del 1993 cuando equivalía al 241% (Informe Cepal No. 206). Un mayor endeudamiento de parte de un Gobierno que aboga por sanear las finanzas.

La segunda razón, porque una gran parte de las cotizaciones de los afiliados al Rais se invierten en bonos del Gobierno que sirven para financiar deuda e inversión. Indica la Anif que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para agosto de 2022, el 26,2% de todos los Títulos de Deuda Pública, TES, fueron adquiridos por los fondos de pensiones. Es decir, un golpe certero a uno de los principales instrumentos de financiación pública.

La tercera, la más importante, preocupante e inaceptable es la expropiación del ahorro pensional de 18 millones de colombianos. La Ley 100 de 1993 señala que “el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados”. Más claro, imposible. No se confunda la obligación legal de aportar para pensión, cualquiera sea el régimen, con quién es el propietario del ahorro.

Con la misma lógica se termina echando mano a las cuentas de ahorro de las personas en los bancos, a sus certificados de depósito a término y fondos de inversión, u ordena la enajenación de bienes raíces para monetizarlos con el compromiso de regresarle un día a su antiguo propietario el valor del inmueble y si tiene suerte, unas migajas por su valorización. Sería el comienzo del fin del derecho constitucional a la propiedad privada en Colombia.

El problema pensional no se soluciona despojando del ahorro individual a las personas ni incrementando la deuda o poniendo en jaque las finanzas. Bienvenida la discusión sobre el sistema e incluso sobre un modelo de pilares que garantice a todos en la vejez una pensión mínima y permita realizar, a quien lo quiera, un ahorro adicional. Pero sin destruir el sistema ni minar su credibilidad. El ahorro pensional es privado y no se toca, salvo lo consienta su dueño. No es expropiando ni atropellando que se cambia un país.