Empezó la batalla

Recuerdo muy bien el impacto que me causó, siendo estudiante universitario, la noticia de la toma sangrienta del Palacio de Justicia por el M-19. Su saldo trágico de magistrados inmolados, y los expedientes de narcotráfico incinerados, dejaron una profunda herida en la memoria de los colombianos. Es por esto por lo que no podía creer la torpeza del Presidente al azuzar una turba la semana pasada, que asedió e intentó ingresar por la fuerza al Palacio de Justicia, donde se estaba debatiendo la elección del nuevo Fiscal, que dirigirá una institución que tiene en sus manos el caliente caso de Nicolás Petro, acusado de ingresar dineros ilícitos a la campaña de su padre, campaña a la que también se la investiga por donaciones no reportadas de Fecode, protagonista de la jornada. A nadie se nos escapó el símil con lo ocurrido en 1985. De nuevo, lo que estuvo bajo fuego fue la justicia. Solo que esta vez el gobierno estuvo del lado de los atacantes.

Pero ojo que la justicia y los órganos de control no son los únicos objetivos de este gobierno. Hay no solo una institucionalidad, sino también una arquitectura en la toma de decisiones, que se ha construido alrededor del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda. Esto ha distinguido a Colombia por encima de nuestros pares en la región y nos ha brindado credibilidad en los mercados. Pues bien, el gobierno también quiere destruir esta filigrana, de manera que se puedan castigar a regiones gobernadas por contrarios a su proyecto político, como es el caso de Bogotá, Antioquia, o la Barranquilla de los “Char”. Gravísimo.

En Bogotá ya vimos al Ministro de Hacienda dejar un manto de duda sobre la cofinanciación del 2024 al proyecto del Metro. Con Antioquia el primer salvo fue retirarle la delegación minera que llevaba a cabo la Gobernación. Y en el caso de Barranquilla, la bofetada no pude ser peor, al sabotear a la ciudad la sede de los Juegos Panamericanos. Pero el tema se agrava cuando el mismo Presidente fuerza la salida del Director del DNP, por atreverse a cuestionar, con toda la razón, que las Juntas de Acción Comunal (JAC), que suman decenas de miles, no tienen la capacidad ni el conocimiento para ser ejecutoras de gastos de inversión. Estamos advertidos.

Y aterrizando en el Valle, esta desinstitucionalización premeditada nos pasará también cuenta de cobro y será el primer round que tendrán tanto la Gobernadora Dilian como el Alcalde Eder, con Gustavo Petro. Hasta ahora, sus relaciones han sido muy armónicas y con algunos resultados, como el aumento del pie de fuerza en policías y soldados. Pero cuando no aparezcan las vigencias futuras del Tren de Cercanías, o se extinga la posibilidad de iniciar la Mulaló-Loboguerrero, como lo dio a entender recientemente el MinHacienda en Cartagena, ¿será que endurecerán sus posiciones nuestros mandatarios locales para forzar un compromiso? Espero que sí, y en el caso de Eder, estoy seguro de que lo haría.

Mi pálpito es que tendremos que estar preparados en un momento dado, para confrontar tanto al Presidente como a su vicepresidenta Francia Márquez, residente en Cali, cuando llegue el momento. De nada vale tener buenas relaciones si en los proyectos claves, el socio principal no apoya o suelta el recurso. Tengamos claro, no solo en el Valle, sino en todo el país, que la democracia y nuestras instituciones, están siendo calibradas por extremistas, con el apoyo implícito y/o explícito de Gustavo Petro, con miras a su permanencia en el poder. Esta es la verdadera ruptura institucional y la batalla apenas comienza.