El limbo del Fcecep: cuando estudiar depende de la SAE

Es como si los bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) estuvieran condenados a desaparecer. El más reciente caso es el del Centro Colombiano de Estudios Profesionales (Fcecep), en Cali. Aunque 630 estudiantes ya están matriculados, las clases fueron suspendidas “hasta nuevo aviso” por la crisis administrativa y financiera.

El Fcecep pasó a manos de la SAE porque perteneció al narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, a quien le aplicaron la medida de extinción de dominio. Esa es la ‘mancha’ de la institución.

Sin embargo, en las aulas no se reproduce el pasado delictivo de su antiguo dueño. Un docente señala que allí se han graduado más de 4000 estudiantes en carreras tecnológicas como publicidad, logística, obras civiles y comercio exterior, entre muchas otras.

“Esta es una institución que le da la oportunidad de estudiar a miles de personas en Cali. El semestre cuesta en promedio dos millones de pesos, mucho más barato que en otras universidades, y la calidad es altísima. Tenemos registros calificados, docentes con maestrías y convenios para homologar materias en la Universidad Autónoma, la Unilibre y la Escuela Nacional del Deporte. De esta manera los egresados se pueden profesionalizar en dos o tres años. No somos un centro de garaje”, explica el profesor, quien pide reserva de su nombre.

El problema parece ser estructural: al ser un bien administrado por la SAE, la institución queda atrapada en un limbo entre lo público y lo privado. Eso impide, por ejemplo, explica el profesor, que el Gobierno destine recursos para adelantar programas de gratuidad, lo que podría aliviar la crisis financiera.

“Consideramos que los malos manejos administrativos por parte de la SAE condujeron a la entidad a la crisis de hoy. Ellos no presentaron balances de su gestión y de los dineros. Pero además, la institución enfrente problemas económicos debido a la baja en las matrículas, una realidad de todo el sistema educativo de Cali y el país”, añade el docente.

Es cierto: un reciente reporte de la Secretaría de Educación de la ciudad advierte que desde 2023, seis colegios y jardines infantiles han cerrado en Cali debido a la baja en las matrículas.

La SAE, por su parte, se defiende. En un comunicado, asegura que no es responsable de la parte administrativa ni de las condiciones laborales de los docentes del Fcecep –cuyos salarios llevan años sin aumento–.

Según la entidad, su función se limita a la administración de los bienes incautados y la responsabilidad de la gestión recae en los “depositarios provisionales”. Pero es la propia SAE la que debe liderar la elección de esos depositarios, junto al Ministerio de Educación, y garantizar que sean idóneos.

“La SAE no ha sido indiferente a la situación. Por el contrario, hemos mantenido comunicación abierta con trabajadores, sindicatos y el Ministerio de Educación. A través de la Vicepresidencia de Sociedades se ha ofrecido apoyo técnico, evaluación de viabilidad y recursos financieros que lamentablemente no se han traducido en soluciones estructurales por problemas arrastrados desde hace más de una década”, dijo Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

En la actualidad, el Fcecep tiene un pasivo de $7000 millones. Mientras tanto, los estudiantes que pagaron su semestre esperan una solución. Una alternativa es que sean acogidos en otras universidades, recordando que el estudiar es un derecho.

Pero todo indica que el Fcecep será liquidado y terminará siguiendo la suerte de tantos bienes incautados al narcotráfico: en vez de convertirse en oportunidades para la sociedad, para las víctimas de la violencia narco, se vienen abajo, convertidos en escombros.