La nueva trata

Bien sea por la incapacidad de avanzar en las investigaciones a la misma velocidad con que la que se mueven los criminales, o porque el fenómeno no figura en el listado de delitos prioritarios de los entes investigadores, pero la trata de personas es de los quebrantamientos a la ley que más refleja la ineficacia del Estado en la persecución del crimen.

Reducir la lucha contra este flagelo, que destruye cada año la vida de miles de víctimas y sus familias, al simple anuncio en carteles en aeropuertos y terminales de: “No se deje engañar”, es una medida menos que insuficiente para una actividad que mueve millones de dólares cada año.

El reportaje publicado por el diario El País en su edición del pasado 19 de julio revela claramente la realidad de un delito en el que el Valle del Cauca es hoy uno de los principales territorios donde las redes no solo captan a sus víctimas a través de falsas ofertas laborales, promesas de mejores sueldos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de quienes buscan oportunidades dentro y fuera del país, sino que es también un lugar de destino de víctimas llegadas de otras regiones del país.

Una realidad alarmante, de acuerdo con las cifras de un estudio entregadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Ministerio del Interior en las que señalan que entre 2008 y 2025, el Valle del Cauca tuvo 105 casos asociados al delito de trata de personas, de los cuales 86 casos correspondieron a la captación de víctimas y en 31 de ellos esta región del país fue identificada como destino final.

Aunque es enorme el subregistro de esta actividad delictiva, donde muchas de las víctimas se abstienen de denunciar por temor a represalias contra ellas o sus familiares, el análisis indica que el 67,4 % de los casos registrados tuvo como finalidad la explotación sexual y el 17,4 % estuvo relacionado con trabajos o servicios forzados.

Un fenómeno en el que la esclavitud moderna, ya despojada de las pesadas cadenas de hierro o los grilletes en los tobillos de las víctimas, se vale ahora de herramientas más efectivas e imperceptibles como el internet y las redes sociales.

Redadas trasladadas al mundo digital de Facebook, Instagram, Tik Tok o cadenas de WathsApp donde la trata de personas ya no solo se configura como un delito a través del cual se llevan mujeres con engaños para obligarlas a prostituirse en Europa o Asia, sino que ha ampliado su portafolio a delitos como la inclusión a grupos criminales o redes dedicadas a estafas virtuales alrededor del mundo.

Modalidades en las que al perfil de víctimas se suman hombres entre los 18 y 40 años que entran a engrosar el listado de vulnerabilidad ante el actuar de las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos y con ofertas de viajar a países como Polonia y el sudeste asiático para acceder a empleos con un buen nivel salarial, pero terminan sin documentos y sometidos a trabajos forzados.

Con el algoritmo en contra de las comunidades marginales, muchas ya victimizadas por la violencia en el Pacífico colombiano, es urgente que el Estado centre su accionar en la captura de los jefes de estas estructuras criminales y no cese en la persecución a sus finanzas y sus activos.

Una lucha en la que es urgente solicitar la cooperación internacional, pero ante todo el compromiso de las grandes plataformas como Instagram, Facebook y Tik Tok y su responsabilidad de filtrar y eliminar todo tipo de mensajes con los cuales los reclutadores están llevando a la desgracia a cientos de familias en Colombia y el mundo.

Insistir en solo campañas publicitarias en aeropuertos y terminales sin una estrategia de inteligencia y judicialización de los responsables, es incentivar a que la criminalidad siga adelante en su propósito y continúe explotando la pobreza y la falta de oportunidades con tan solo un clic.