Juliana Guerrero es acusada por Angie Rodríguez de exigir comisiones a cambio de contratos; esto es lo que se sabe

Una tormenta política sacude los pasillos del Ejecutivo tras las explosivas declaraciones de la alta funcionaria Angie Rodríguez, quien destapó graves episodios de acoso, exclusión y tráfico de influencias cometidos en las entrañas del poder. Sus afirmaciones salpican de forma directa a la joven Juliana Guerrero, señalada de operar una supuesta red dedicada a exigir comisiones económicas a cambio de contratos en diferentes dependencias públicas.

Durante una entrevista en Noticias RCN, la actual gerente del Fondo Adaptación sostuvo que su postura radical frente a estos presuntos actos opacos desencadenó una sistemática persecución en su contra. Según su relato, oponerse frontalmente a los cobros a empresarios le provocó el despido de la jefatura del Departamento Administrativo de la Presidencia, cargo conocido popularmente como Dapre.

Rodríguez aseguró que la acusada actuaba como una auténtica ama y señora dentro de las oficinas estatales, pese a no contar con vinculación formal como servidora pública. Desde esa posición informal, ejercía una asfixiante presión política en múltiples entidades ministeriales para remover o nombrar personal estratégico según su conveniencia.

Entre los señalamientos expuestos, la denunciante recordó que frenó oportunamente la posible designación de la joven como viceministra de Juventudes al considerar inaceptable su comportamiento. Del mismo modo, cuestionó severamente que permanezca ejerciendo como delegada ante la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar, plaza desde la cual continúa ostentando representación oficial.

Frente a esta situación, confirmó la existencia de un documento oficial confeccionado para apartarla del cargo en dicha institución de educación superior. No obstante, la medida se mantiene pausada debido a que la firma presidencial no se ha materializado en el mencionado decreto gubernamental.

Las acusaciones formuladas por la alta ejecutiva coinciden cronológicamente con recientes investigaciones de alcance nacional que exhibieron chats, consignaciones bancarias y grabaciones sobre el cobro de sumas millonarias a particulares. En dicho entramado también resulta salpicada Verónica Guerrero, hermana de la señalada directiva, por su supuesta intermediación en los negocios ilícitos dentro de varios ministerios nacionales.

El distanciamiento institucional escaló a niveles insólitos mientras la funcionaria desempeñaba la dirección del organismo administrativo de la Casa de Nariño. Según detalló, le llegaron a negar la entrada directa a las instalaciones oficiales y le desmontaron abruptamente los controles de acceso biométrico asignados a sus colaboradores inmediatos y a su equipo de seguridad personal.

La continuidad de sus esquemas defensivos dependió exclusivamente de gestiones interadministrativas suscritas con la Unidad Nacional de Protección (UNP). A pesar de ello, advirtió que persiste un plan paulatino para desmantelar sus escoltas, situación que atribuyó a una maniobra evidente orientada a silenciar denuncias.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la entrevistada responsabilizó públicamente por su integridad física a exdirectores, jefes de despacho y exsubdirectoras. Entre los nombres citados figuran Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd; Leti Leal, exdirectiva del Dapre y actual gerenta de Fondo Paz; y Raúl Moreno, jefe de despacho de la Casa de Nariño.

Por otro lado, la titular de la entidad de adaptación ambiental denunció la existencia activa de una red de bodegas orientada a difamar a los perfiles incómodos del Gobierno. Según explicó, estas estructuras coordinadas diseñan campañas de desprestigio y promueven tendenciosas cortinas de humo en redes sociales para desviar la atención pública de los escándalos de corrupción.

La funcionaria concluyó ratificando que no dará un paso atrás ante los amedrentamientos digitales ni las presiones de los sectores cuestionados. Aseguró mantener la frente en alto y estar dispuesta a afrontar los procesos disciplinarios y judiciales hasta las últimas consecuencias para esclarecer la verdad ante la ciudadanía.