Cese al fuego

En medio de contextos de violencia extendida y degradada, la noticia de un cese al fuego será siempre bien recibida. ¿Quién, con un sentido mínimo de humanidad, puede oponerse a que se silencien los fusiles (así sea temporalmente) más aún, si esto redunda en beneficio de la población civil, que en muchos casos, como el nuestro, es la más profundamente afectada?

Pero pactar una tregua en las acciones bélicas no es tan fácil ni sencillo: se requiere además de una honesta voluntad afinar una gran cantidad de detalles de los que dependen su éxito o fracaso.

Empecemos por señalar el asunto del momento en que se pacta. En la lógica de negociaciones de paz entre actores armados no hay acuerdo sobre si la condición de cesar hostilidades debe estar dada para el inicio, a la mitad de las mismas u obviamente, si tienen éxito, al final de dicho proceso.

Los desacuerdos refieren a que en una negociación de paz se expresan posiciones de poder y mucho de estas se sustentan en la ventaja militar, de manera que no es lo mismo sentarse a conversar estando débil que fortalecido y las acciones militares pueden marcar una diferencia sustancial. Así ocurrió con el proceso de paz con las Farc en el que solo en el último tramo de la negociación se pactó el cese al fuego (definitivo), no obstante que le antecedieron treguas unilaterales de parte de ese grupo. Y para tener un referente internacional, en las negociaciones entre Israel y Palestina de donde surgieron los Acuerdos de Paz de Camp David (Oslo, 2000) el principio rector fue: negociamos independientemente del curso de la guerra y esta sigue independiente de la negociación.

Por supuesto, el ideal es que a una conversación de paz le anteceda un cese al fuego, pero también de todo tipo de hostilidades. No es suficiente con decretar que no ocurran solo acciones ofensivas, como tampoco, en una situación tan compleja como la colombiana, que esta tregua sea solo bilateral, en relación a la confrontación y el papel de la fuerza pública.

Porque entonces ¿qué pasa con los innumerables hechos de violencia que se generan, no en enfrentamientos de estos grupos irregulares con la fuerza pública si no entre ellos mismos, y que constituyen la mayoría de hechos que hoy afectan a la población civil? Y si se trata solo de parar acciones ofensivas y no de todo tipo de hostilidades, ¿podrían continuar otro tipo de actividades armadas como el reclutamiento de menores, paros armados, confinamiento de poblaciones, narcotráfico, etc.?

Pero está también el asunto de cómo administrar y verificar un cese al fuego, que insistimos, debe ser multilateral e incluir todo tipo de hostilidades. Esto implica, en el mejor de los casos, algún tipo de concentración mínima de las estructuras irregulares, pues de otra forma, en presencia de actores múltiples y dinámicas de criminalidad tan diversas como complejas (sobre las cuales las Fuerza Armadas deben actuar) es imposible la verificación que, entre otras cosas, debe corresponder es a organismos con capacidades como la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la ONU o la OEA y no a la población civil, como equivocadamente ha sugerido el Ministro del Interior Alfonso Prada.

El mayor reto de materializar un cese al fuego al comienzo es, sin embargo, el de impedir que en los detalles de su concreción, operación y verificación (y las discusiones y controversias inevitables que esto genera), se extravíe el asunto más importante que es sacar adelante el proceso que debe llevar a la paz (mediante negociación política y/o sometimiento a la justicia).