Cuando el Estado retrocede

Las Fuerzas Militares han sido, históricamente, el escudo de la Nación. Son la línea que separa el orden del caos, la institucionalidad del control criminal, la seguridad del abandono. Por eso, debilitarlas en medio de la tormenta no es una decisión menor, es dejar al país a la intemperie.

No hay manera responsable de maquillar lo que está ocurriendo. Lo que el Gobierno presenta como una “reestructuración” de las Fuerzas Militares es, en realidad, una decisión profundamente equivocada que debilita al Estado en el peor momento posible. El retiro de 49 coroneles —hombres formados durante décadas en la defensa del país— no es un simple relevo administrativo. Es un golpe directo a la experiencia, a la continuidad operativa y, en últimas, a la seguridad de los colombianos.

Y lo más grave es el contexto. Colombia no está mejorando en seguridad, está empeorando. Hay más control territorial de grupos ilegales, más intimidación a las comunidades y más capacidad criminal. Mientras tanto, el Estado toma la decisión de reducir su pie de fuerza y desmontar su músculo estratégico. Francamente, es incomprensible.

Las cifras deberían encender todas las alarmas. En pocos años, el país pasó de cerca de 460.000 uniformados a poco más de 400.000, una reducción cercana al 13 %. Pero al mismo tiempo, los grupos criminales crecieron más de un 60%, pasando de aproximadamente 15.000 a más de 25.000 integrantes. Es decir, estamos enfrentando más amenaza con menos Estado. Esa no es una política de seguridad, es una renuncia silenciosa a ejercer autoridad.

A mí me preocupa profundamente la ligereza con la que se toman estas decisiones. Porque aquí no estamos hablando de cifras en un papel. Estamos hablando de territorios donde el Estado ya no llega, de comunidades abandonadas y de una Fuerza Pública que empieza a sentir que su experiencia no vale, que su trayectoria es prescindible y que su futuro depende más de decisiones políticas que de méritos.

Y hay algo aún más delicado, el mensaje. Cuando se retiran mandos medios en masa, cuando se altera la estructura de liderazgo y cuando se genera incertidumbre en la carrera militar, lo que se afecta no es solo la operatividad, es la moral. Y una Fuerza Pública desmotivada es exactamente lo que los grupos ilegales necesitan.

Aquí no hay que inventarse teorías complejas. La historia de Colombia es clara. Cuando el Estado se debilita, el crimen avanza. Ya lo vivimos. Ya sabemos cómo termina. Lo superamos fortaleciendo, no debilitando, a nuestras Fuerzas Militares, respaldándolas, dándoles herramientas y liderazgo. Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario, como si no hubiéramos aprendido nada.

Yo lo digo sin rodeos, esta no es una reestructuración técnica, es una decisión política que pone en riesgo la seguridad del país. Y en un contexto de expansión criminal, tomar este camino no solo es un error, es una irresponsabilidad.

Porque la paz no se construye debilitando la autoridad. La paz no se logra retirando a quienes saben combatir la violencia. La paz se garantiza con un Estado fuerte, presente y decidido. Y hoy, lamentablemente, Colombia va en la dirección contraria.