Lili Pink emite nuevo pronunciamiento sobre proceso judicial por presunto lavado de activos y contrabando, ¿qué dijo?

El 27 de abril del 2026 estalló un nuevo escándalo judicial en Colombia porque Lili Pink, marca de ropa femenina, recibió unos operativos de intervención por parte de la Fiscalía en más de 300 tiendas en el territorio nacional por presunto lavado de activos y contrabando.

Una semana después de la polémica, la empresa volvió a pronunciarse, esta vez a través de un comunicado firmado por el líder de su defensa, el abogado penalista Iván Cancino.

“La compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna“, se lee en los primeros párrafos de la misiva.

La investigación del ente acusador en conjunto con la Dian se hizo con el sistema de monitore ‘el ojo de la Dian’. Allí fue evidenciado que al parecer hubo accesos inusuales a la base de datos y consultas de la información que no tenían relación con las labores de los trabajadores.

Frente a lo anterior, Lili Pink aseguró que hasta hoy no hay una decisión de la justicia que compruebe que en las tiendas se dieron comportamientos contrarios a los establecidos en las políticas de la compañía.

“No existe una declaratoria judicial que los confirme y que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente”, aclaró la defensa penal de Lili Pink.

Pese a que se presume que hubo enriquecimiento ilícito de particulares porque se habrían superado los 430.000 millones de pesos, la marca de ropa femenina señaló que todas sus mercancías tienen declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.

“Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas“, advierte el abogado Cancino.

Para Lili Pink, existen unas inconsistencias entre las cifras que fueron difundidas en las investigaciones de la Fiscalía y la Dian y también los valores reales de las actuaciones administrativas. Por lo tanto, afirma que estas acusaciones deberán ser establecidas durante el proceso judicial.

La organización destacó que en todo el país genera más de 3.000 empleos directos y que sus operaciones son legales tanto en Colombia como en las sucursales que tienen en distintos países de Latinoamérica.

A forma de conclusión, el abogado Cancino reiteró que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso de su cliente para que no haya interpretaciones anticipadas que pretendan dar una conclusión definitiva.