Caso Lili Pink: Fiscalía indaga posible filtración tras fuga de socios mayoritarios; único judicializado sería un testaferro

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre la operación de las tiendas Lili Pink en Colombia expone un entramado empresarial que, presuntamente, habría sido utilizado para ingresar mercancía al país y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del contrabando.

En el expediente de la Fiscalía General de la Nación se describen maniobras que incluirían la creación de importadoras, comercializadoras y sociedades sin actividad real, utilizadas como soporte para la entrada de productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos al mercado nacional. Según los investigadores, esta estructura habría permitido mover altas sumas de dinero y mezclar operaciones formales con recursos ilícitos.

“Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, señaló el ente judicial.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es la identificación de un hombre que aparece en documentos oficiales como socio mayoritario de la empresa. Las autoridades, al revisar su perfil laboral, se encontraron con que se ha desempeñado como conductor en distintas compañías, lo que llevó a la hipótesis de que habría facilitado su nombre para ocultar a los verdaderos responsables de la operación, es decir, un posible testaferro.

La Sociedad de Activos Especiales informó que quienes serían los principales articuladores de esta red empresarial abandonaron el país antes de que se ejecutaran los operativos de extinción de dominio en más de 400 establecimientos. Este hecho refuerza la línea de investigación que busca establecer si existió una filtración de información sobre las decisiones judiciales.

El expediente también intenta determinar cómo los empresarios, hoy prófugos de la justicia, habrían logrado anticiparse a las actuaciones de las autoridades aduaneras y evadir los controles que estaban en marcha.

De acuerdo con la Fiscalía, se han documentado presuntas conductas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones, decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.

Tras los operativos, la única persona judicializada fue trasladada a un centro asistencial luego de la audiencia de imputación. La solicitud de medida de aseguramiento quedó pendiente mientras avanza el proceso y la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer responsabilidades y el alcance real de esta presunta red empresarial.