Cómplices o negligentes

El 23 de julio de 2024, en un retén militar, fue detenida la caravana en la que viajaba Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe de una de las disidencias de las Farc. Con él iban varios criminales con órdenes de captura en vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Llevaban armas y dinero. “Estaban tranquilos, sabían que no les iba a pasar nada”, relató uno de los escoltas. Así fue. Dos meses después Petro los nombraría ‘gestores de paz’.

Desde entonces, la estructura de ‘Calarcá’ crece alcanzando un total de 2802 criminales. Y sus actos terroristas. En la impunidad quedó el asesinato de seis policías en Amalfi, Antioquia, al derribar el helicóptero en el que se transportaban, adjudicado al criminal. Ese mismo día se llevaría a cabo el atentado con explosivos frente a la base aérea en Cali en el que fallecieron seis personas, ordenado por la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’.

La reacción del Gobierno Petro no se hizo esperar. Ordenó una ofensiva militar contra la disidencia de alias ‘Mordisco’, tildándola de organización terrorista y con bombardeos indiscriminados. No ocurrió lo mismo con la de ‘Calarcá’, facción con la que al menos en la narrativa oficial se continúa negociando la Paz Total; según la Consejería de Paz el costo en transporte, seguridad y operación de este proceso suma ya $30.299 millones.

Reacción sesgada que ha quedado en evidencia por cuenta de la información contenida en los computadores incautados a ‘Calarcá’ en el retén, revelada por Noticias Caracol, y que las autoridades callaban. Los hallazgos evidencian un pacto de no agresión de la Fuerza Pública en el Catatumbo, Sur de Bolívar y Antioquia, la entrega de coordenadas de los operativos militares y la creación de empresas de fachada de seguridad privada.

Si lo descubierto no fuese lo suficientemente grave, los archivos dan cuenta del apoyo de la disidencia de ‘Mordisco’ -a la que antes pertenecía ‘Calarcá’- a la campaña de Petro y que se habría concretado por intermedio de la vicepresidenta Francia Márquez. El jefe criminal amenazó con publicar la prueba de esa, una de las tantas alianzas non sanctas del Presidente para tomarse el poder, lo que desató la ira selectiva de Petro contra ‘Mordisco’.

A lo anterior se suma la omisión de la Fiscalía. Desde hace año y cuatro meses la entidad tiene conocimiento de dichos contenidos y no ha abierto ninguna investigación. El caso estaba engavetado. La fiscal, Luz Adriana Camargo, dice que no conocía la información, como si el caso fuera ajeno a su despacho, cuando fue ella la que ordenó dejar en libertad a los disidentes con orden de captura -en el retén- excusando incluso los delitos en los que incurrían.

Revelan los archivos que los contactos claves de la disidencia con el Gobierno eran el general Juan Miguel Huertas, cabeza del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer de Jesús Mejía, jefe de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Huertas fue reintegrado por el presidente Petro en julio de 2025, pero antes, era asesor en la sombra de la DNI. Los dos serían responsables de la purga en las FF.MM.

No se requiere una mente brillante para concluir que no es una simple infiltración. La condescendencia con ‘Calarcá’ y la ofensiva a ‘Mordisco’, corroborado por el contenido de los computadores, el engavetamiento por parte de la Fiscalía y la característica de los funcionarios implicados, no son piezas sueltas. Las explicaciones del Presidente, la Vicepresidente, el Ministro de Defensa, el Director de la DNI y la Fiscal son insuficientes. Su proceder los convierte en cómplices o en negligentes extremos. Salvo sean artífices.