Rechazan el recurso de casación a Keiko Fujimori

La Justicia de Perú rechazó este jueves los recursos de casación presentados por la detenida líder opositora Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, para que se anule la investigación que se le sigue bajo la Ley de Crimen Organizado.

La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y se refirió al pedido para que se anule la decisión fiscal que amplió a 36 meses la investigación sobre los llamados casos de cocteles y presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Keiko en 2011.

Dada la complejidad del caso, “es un tiempo razonable”, remarcó la jueza Elvia Barrios, presidenta del Tribunal Supremo al ratificar la decisión tomada por el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez.

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En las sentencias sobre ambos recursos, que se leyeron por separado, la Corte Suprema remarcó que en la investigación en el marco de la Ley de Crimen Organizado se debe justificar la “razonabilidad y necesidad” de que las diligencias preliminares alcancen el plazo máximo de 36 meses.

Las resoluciones también remarcaron que la defensa de Fujimori no cuestionó las disposiciones que emitió el fiscal durante la investigación, que comenzó en 2015, hasta que en septiembre de 2017 dispuso aplicar esta ley a la investigación.

El Tribunal subrayó que, dados los plazos, la investigación sí debería terminar el próximo 19 de octubre, fecha en la que la Fiscalía deberá presentar una acusación formal o bien renunciar a solicitar un proceso.
La decisión de ayer contra el pedido de Keiko se dio un día después de que la líder opositora fuera detenida de manera preliminar, durante diez días, mientras se le investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en un caso por supuestos aportes irregulares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011.

El pasado miércoles, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención de Fujimori por existir “fundados elementos de convicción” del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal.

La orden de detención preliminar también comprende a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y otras 17 personas vinculadas con las presuntas aportaciones irregulares de Odebrecht.
En la resolución se detalló que la detención se dio porque Keiko presuntamente constituyó “una organización criminal en el interior del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.

Señaló que esa organización “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

Tanto el empresario brasileño Marcelo Odebrecht como su exrepresentante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.

Tras ser detenida, Fujimori aseguró que es víctima de una persecución política y dijo que saldrá “más fortalecida de esta injusticia” y que fue detenida “sin argumentos jurídicos”.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó ayer que la detención de Keiko Fujimori es “responsabilidad exclusiva” de la Judicatura.

“Es una responsabilidad exclusiva del sistema de administración de Justicia, nosotros, como Ejecutivo, estamos absolutamente al margen”, remarcó el Mandatario al comentar el caso y reiteró que la detención preliminar fue “una decisión del Ministerio Público con el Poder Judicial” y que ellos habrán analizado “las razones” para dictar esa medida.

“Nosotros podemos opinar que las prisiones preventivas no son aconsejables, que deben hacerse rápidamente los juicios, pero esa es simplemente una opinión, porque a quien corresponde tomar una decisión es al Poder Judicial”, enfatizó.

Vizcarra remarcó, sin embargo, que el Ejecutivo cree “en general” que en Perú se necesita “una justicia que sea eficaz” y rechazó “cualquier insinuación” de algunos políticos opositores de que, en realidad, su régimen está buscando dar un golpe de Estado mediante el cierre del Congreso, que domina la fujimorista Fuerza Popular.

“Rechazamos la insinuación de algunos políticos desesperados por este tipo de casos de cualquier posibilidad de golpe de Estado”, dijo.

El Tribunal Constitucional, TC, de Perú dejó este jueves sin efecto una ley, aprobada por el Legislativo, que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Con 6 votos a favor y 1 en contra, el TC declaró “inconstitucional” la ley aprobada en junio por el Pleno del Congreso, con el apoyo del partido fujimorista Fuerza Popular.