Alerta en Nicaragua: arrecia la persecución política a opositores de Ortega

Las autoridades internacionales han encendido las alarmas ante los recientes hechos ocurridos en Nicaragua, donde en los últimos días arreció la estrategia de persecución política que adelanta desde 2018 el presidente Daniel Ortega contra líderes opositores, medios de comunicación y activistas sociales, justo a cinco meses de las elecciones presidenciales del país.

En efecto, el pasado viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al gobierno de Ortega a cesar “de inmediato” la represión de opositores y liberar a los detenidos, tras constatar una “grave” escalada contra dirigentes políticos y sociales.

“La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas”, dijo esta entidad en un comunicado.

Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2000 heridos, 1600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según el MESENI, grupo especial de la CIDH para seguimiento de la situación en Nicaragua.

“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho", subrayó la CIDH.

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De hecho, según recalca el internacionalista Reynell Badillo, la ofensiva del gobierno nicaragüense se sostiene en la actualidad contra medios de comunicación, políticos opositores y distintos grupos de la sociedad civil.

“Cerca de trece medios de comunicación fueron acusados de ‘conspiración’, varios periodistas han sido interrogados e, incluso, a un periodista de ‘The New York Times se le impidió el ingreso al país. A varios líderes opositores se les acusa de lavado de dinero y cinco han sido apresados bajo diversos cargos. Cuatro de ellos tienen en común haber manifestado su intención de enfrentarse a Ortega en las elecciones presidenciales de noviembre”, señala.

Y es que, en las últimas semanas, a más de un centenar de personas que permanecen privadas de la libertad por motivos políticos desde años atrás, se sumaron 16 detenciones de precandidatos presidenciales, activistas sociales, empresarios y exguerrilleros de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y de la cual Ortega fue uno de sus líderes.

La seguidilla de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos. También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana. Todos son posibles adversarios de Ortega, quien se estima buscará un cuarto mandato consecutivo en los comicios previstos para el 7 de noviembre.

La CIDH recordó que, salvo Cristiana Chamorro, todos fueron arrestados en virtud de la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, una cuestionada iniciativa que castiga con cárcel a las personas que supuestamente promueven la intervención extranjera.

La Comisión también denunció un “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía en el momento de las detenciones. De hecho, el organismo expresó su preocupación por el estado de salud de José Pallais, exviceministro de Exteriores durante el gobierno de Violeta Chamorro, detenido el 9 de junio. Este opositor a Ortega “habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado”, según la CIDH.

Ahora bien, ante el preocupante panorama de Derechos Humanos en Nicaragua surge una pregunta: ¿qué tanta favorabilidad tiene Ortega de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan?

De acuerdo con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, la popularidad de Daniel Ortega es “un misterio”, pues, dice el experto, si bien es cierto que hay un desgaste en su gestión al llevar tres mandatos consecutivos, “no despierta un rechazo generalizado”.

“El sandinismo, a diferencia del chavismo en Venezuela, ha estado mucho menos en el poder, porque Ortega volvió en el 2007. Pero económicamente Nicaragua nunca estuvo tan mal, nunca hubo la precariedad que hubo en Venezuela. Hasta la desaceleración económica de 2020 por el covid, en términos generales no había una sensación de escasez o de que las cosas no funcionaban. Pese a ser un mandato que ha mostrado señales de autoritarismo, el de Ortega”, indica.

El académico enfatiza que, pese a su maquinaria gubernamental, Ortega no tiene asegurada una nueva reelección en noviembre aunque, por otro lado, tampoco existe en la actualidad un candidato o candidata de oposición capaz de derrotarlo.

“Eso está muy lejos, en Nicaragua no hay esa figura que haga lo que Violeta Barrios de Chamorro hizo a finales de los ochenta, que logró unir a la oposición para derrotar a Ortega. Hoy no se tiene eso. Hay cuatro o cinco líderes, una oposición dividida respecto a qué hacer con Ortega y que, además, compitió en 2018 sin ningún éxito”, recalca.

A su turno, el internacionalista Reynell Badillo agrega: “Ortega ha sido muy exitoso en su plan de desmembrar a la oposición, desunirla y llegar a las presidenciales con menos apoyo popular, pero igual con la victoria asegurada. Los arrestos que han tenido lugar durante estos meses solo son una forma de recuperar el espacio perdido con las protestas y la brutal represión del 2018. Ortega necesita una oposición incapaz de movilizarse y eso es lo que está logrando”.

En diálogo con El País, la periodista independiente nicaragüense María Haydeé Brenes Flores, relató el complicado panorama que hay en el país para ejercer el oficio e informar a la ciudadanía, ante la represión y persecución del gobierno de Daniel Ortega: “El gremio está dividido por completo entre periodistas “oficialistas” que trabajan para el conglomerado de medios de comunicación del régimen y los periodistas independientes que no sabemos en qué momento vamos a ser llamados a declarar o enjuiciados por una ley de soberanía que criminaliza la crítica.

Yo trabajo como ‘freelance’, no tengo empleo fijo y estuve colaborando con Despacho 505 y otras publicaciones. Uno de los reportajes que escribí fue sobre una práctica social muy aceptada, que es la de “hijas de casa” (niñas que son esclavizadas para trabajar en casas a cambio de comida y ropa). La única organización que aceptó dar declaraciones fue Casa Alianza, que tenían centros de apoyo para niñas y adolescentes que eran “liberadas” de esta situación de vulnerabilidad. El Estado y sus instituciones no dieron declaraciones, pero después de salir publicado el reportaje cerraron todos los hogares de protección de Casa Alianza y mandaron a los niños y niñas a hogares donde corren riesgo, no hay condiciones, o simplemente a la calle.

Así se trabaja aquí, sabiendo que después las represalias dañarán a personas inocentes. Porque si se dan cuenta que hablaron con vos, pierden cupos en el hospital y pierden el derecho a sus medicinas en el seguro social.

Vivimos en un estado de horror y, cuando amanece, la pregunta es a quién se llevaron anoche.

Varias amigas y amigos están en el exilio. Una de ellas era la divulgadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, debió irse sin siquiera sacar ropa de su casa.

Hacemos nuestro trabajo y eso nos convierte en traidores para el dictador y su esposa. Porque decimos lo que está mal. Por eso mi familia tiene miedo de que me pase algo, tengo dos hijos menores de edad y soy lo único que tienen. Pero no puedo callar”.