Sigue el debate: esto pagaría la Alcaldía por cada arma ilegal que se entregue en Cali

Pese a que la propuesta de la Alcaldía de cambiar las armas ilegales que hay en Cali por bonos de mercado, alimentación y utensilios del hogar sigue generando una fuerte polémica, el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, afirmó que esta solo es la “medida blanda” de las otras con las que buscan reducir los índices de violencia en la capital vallecaucana.

“El valor del bono para realizar el canje correspondería al 30% del costo total del arma, no el 100%”, explicó el funcionario. Los recursos de dichos bonos tendrían su origen en los ingresos corrientes del Municipio.

De acuerdo con Rojas, “lo que se viene ahora es evaluar qué cantidad de armas vamos a recoger y cómo. Nadie conoce la cantidad exacta de armas que hay en Cali, pero los expertos hablan de más de 50.000, lo que es demasiado para una ciudad como la nuestra. Una vez recogidas las armas, deben quedar fuera de circulación, deben ser destruidas”.

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El Secretario de Seguridad indicó que el domingo pasado estuvo socializando la medida en el sector de Aguablanca, en donde, agregó, hay personas que tienen armas que no son legales y quieren deshacerse de ellas.

“La facilidad para adquirir estos elementos es impresionante y más si hay situaciones en las que la intolerancia hace que los vecinos recurran a su uso”, aseveró.

En cuanto a las otras medidas que complementarán esta propuesta, Rojas anotó que también se encuentra la restricción del parrillero hombre al establecer una sanción de $936.000, aparte de comprar más cámaras de seguridad y vincular estos dispositivos que hay en el sector privado y en el MÍO al Centro Automático de Despacho, CAD, de la Policía Metropolitana.

Según el Secretario, se tienen proyectadas otras medidas aparte, pero aún no pueden ser anunciadas porque se encuentran en etapa de estructuración.

Sin embargo, en la plenaria del Concejo realizada este lunes, algunos miembros del mismo manifestaron no estar de acuerdo con el canje que busca desarmar a los caleños.

“Cualquier iniciativa que sirva para atacar el flagelo de la violencia en Cali, para atacar el desbordado número de homicidios, es bienvenida, pero no creo que sea muy efectivo cambiar las armas por bonos”, comentó el concejal Fernando Tamayo.

De acuerdo con este, “podría funcionar con jóvenes que hacen parte de pandillas, pero no hay que olvidar que estas son apéndices de grandes bandas organizadas, por lo que no creo que a unos bandidos que viven del fleteo, del gota a gota, de la extorsión, etc., les interese entregar armas a cambio de mercados”.

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A su vez, el cabildante Roberto Ortiz comentó que no le extrañaría ver casos de personas que supuestamente intenten engañar a la Administración con armas fraudulentas con el ánimo de acceder a los bonos.

“De todos modos, pienso que la idea es buena siempre y cuando se complete con una intervención social al muchacho que entregue el arma, porque de lo contrario sería un fracaso. Necesitamos una política de seguridad de corto plazo para traerle resultados concretos a los caleños”, indicó Ortiz.

Para Adalberto Sánchez, director ejecutivo del Instituto Cisalva, que investiga la prevención de la violencia en Cali, más que apoyar o desarticular la propuesta de la Administración, se trata de analizar otras estrategias que funcionen como una red y permitan reducir los homicidios de forma significativa.

“Esta manifestación de la Secretaría de Seguridad tiene que ver con estudios técnicos que se han hecho en el pasado y que afirman que la reducción de armamento incide de forma directa en la disminución de la violencia asociada a homicidios”, explicó.

Cabe recordar que el 2019 cerró con un total de 1.114 homicidios, de los cuales cerca del 80% fueron cometidos con arma de fuego.

“Esta estrategia de trueque no es nueva, no es sacada de la manga, dado que ya se ha aplicado en otras ciudades (como Manizales con su programa ‘Cambia armamento por alimento’), pero yo pensaría que antes hay que desarrollar campañas pedagógicas para que la ciudadanía vea las armas como objetos de riesgo y no como algo que da poder o estatus”, agregó.

Otra posible medida, indicó Sánchez, sería que la Administración trabajara de la mano de las industrias productoras de armas (como Indumil) para ejercer un seguimiento a estos objetos y evitar un uso ilegal.

El director ejecutivo del Instituto Cisalva agregó: “Pero también hay que ejercer controles reales, porque muchas veces nos fijamos más en el arma que en el propietario: ¿cuál es su historial? ¿Qué uso hace del arma?”.

Por su parte, Ricardo Montealegre, consultor de seguridad pública y privada, afirmó: “Con todo respeto, creo que la propuesta no es seria. Mire, si un arma cuesta, digamos, 300.000 pesos en el mercado ilegal, y el bono equivale al 30%, entonces solo le daría a la persona 90.000 pesos, lo que solo dura para máximo 15 días. ¿Y para después? ¿Así es como se busca convencer a la gente?”.

Además, señaló que aparte no es posible determinar siquiera un estimado de las armas ilegales en Cali, el presupuesto por la totalidad de los bonos sería excesivo.

“No es la mejor forma de socializar un desmonte criminal. Se tienen que generar políticas públicas más orientadas a dar oportunidades, como becas de estudio o trabajo en empresas de la ciudad”, comentó Montealegre.