Piden medidas cautelares para población vulnerable en 10 cárceles del país

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de las personas privadas de la libertad de 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

La determinación la tomaron luego de considerar que las medidas tomadas hasta el momento son insuficientes para prevenir el contagio del virus COVID-19. Además, estimaron necesario poner de presente la vulneración sistemática de derechos humanos en los centros penitenciarios en el país.

"Se solicita a la CIDH medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad de 10 cárceles del país. Dicha solicitud, se hace con la intención de que el Estado colombiano adelante acciones destinadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus vidas e integridad en el marco de la pandemia por COVID-19", señala el documento emitido.

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Tanto Cepeda como el Comité fundamentaron su solicitud en 45 casos de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en un riesgo inminente por su estado de salud y las condiciones de reclusión en las que se encuentran.

"Allí se pone en evidencia los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus COVID–19 al interior de los centros penitenciarios", reposa en el análisis.

Lo que llama la atención del documento es que según cifras del Ministerio de Justicia, la población vulnerable y de alto riesgo privada de la libertad asciende a 16.265 personas, distribuidas en adultos mayores de 60 años para un total de 5.272, entre estos, 982 mayores de 70 años.

Del mismo modo contabilizaron 88 madres gestantes, población con patología mental 4.468 personas, población con VIH 754 personas, población con cáncer 22 personas, población diabetes mellitus 1.307 y población con hipertensión arterial 4.354.

"Por lo que se advierte que las medidas contempladas en el Decreto 546 de 2020, solo permitirían la detención domiciliaria transitoria de apenas 4.000 personas, una medida insuficiente ante las 39.000 personas privadas de la libertad en sobrecupo", señala el documento.

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La solicitud de medidas cautelares hecha por el senador Cepeda y la organización defensora de derechos humanos eleva 14 peticiones concretas, entre ellas, que se dirija al Estado colombiano para que, ante el riesgo inminente de contagio del COVID-19, adopte todas las medidas tendientes a garantizar la vida, salud e integridad de las personas privadas de la libertad.

Por lo que solicitaron evaluar el sistema de exclusiones estipuladas en el artículo 6 del Decreto 546 de 2020, en especial aquellos que más impacto tienen sobre el hacinamiento carcelario, y que se adopten medidas tendientes a fortalecer las capacidades operativas del Instituto Nacional Penitenciario Colombiano INPEC y sus oficinas jurídicas, puesto que según el Decreto serán las encargadas de enviar las cartillas biográficas, cómputos y listados a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas.

Junto con estás, otra de las peticiones que se le hacen a la CIDH, es que se solicite el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación al interior de los establecimientos carcelarios.

"Es fundamental para evitar la propagación del virus y atender, de manera satisfactoria e ideal, los casos ya confirmados del COVID–19 al interior de los centros de reclusión. Así como la dotación permanente de elementos de bioseguridad para el personal penitenciario. Además, que se habiliten canales de comunicación, que permitan que las personas privadas de la libertad estén en un contacto constante con sus familiares", señaló.

Finalmente, solicitaron que se le requiera al Estado Colombiano que establezca una mesa o sesiones de trabajo virtual a nivel nacional con las personas privadas de la libertad, con el objetivo de evitar protestas en diversas cárceles, mejorar la comunicación con los privados de la libertad, mitigar la ansiedad, la desinformación y el miedo.