Santiago Uribe se entregó a la Policía tras condena por caso ‘Los 12 Apóstoles’; expresidente Álvaro Uribe se pronunció

Presentación voluntaria fue el mecanismo utilizado por Santiago Uribe Vélez para acatar la orden de captura emitida en su contra este martes 9 de junio. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó por sus propios medios a una estación de policía para dar cumplimiento a la decisión judicial que pone fin a un proceso de más de tres décadas.

La noticia, confirmada por el propio exmandatario a través de sus redes sociales, marca un hito en la historia judicial reciente del país al cerrar uno de los expedientes más controvertidos sobre la relación entre actores privados y grupos paramilitares.

Condena ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia impone una pena de 28 años y tres meses de prisión. El alto tribunal determinó la responsabilidad de Uribe Vélez en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, enmarcándolos dentro de crímenes de lesa humanidad.

Según la sentencia, quedó probado el liderazgo que el procesado ejercía sobre el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, el cual operó en el norte de Antioquia durante los años 90 con el objetivo de realizar lo que denominaban “limpieza social”.

Verdad histórica es como diversos sectores de opinión han calificado este fallo. La justicia pudo acreditar que existió un “ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, coordinado entre el grupo criminal y miembros de la fuerza pública.

Se estima que esta estructura paramilitar habría estado vinculada con hasta 525 homicidios, basándose en múltiples testimonios, incluyendo el del mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses.

Tras la absolución en primera instancia, el Tribunal Superior de Antioquia revirtió la decisión, ratificada finalmente por la Corte Suprema al no encontrar espacio para recursos de casación.

Reacciones encontradas han inundado las plataformas digitales tras la captura. Mientras que simpatizantes de la familia Uribe Vélez denuncian lo que llaman un “error de la justicia” y aseguran que se trata de una persecución política, sectores críticos celebran la decisión como un triunfo del Estado de derecho.

En redes sociales, los comentarios oscilan entre mensajes de apoyo que claman por la presunta inocencia del condenado y voces que exigen que el peso de la ley recaiga sobre los responsables de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Institucionalidad probada es el balance que dejan tres décadas de investigaciones. La rama judicial, a través de sus distintos niveles, ha cumplido con el debido proceso, otorgando todas las garantías a la defensa, que insiste en que las evidencias fueron mal valoradas.