Ministerio de Justicia finaliza contratos de salud en las cárceles del país por supuestas irregularidades

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, dio a conocer la decisión preliminar de terminar los contratos con los actuales operadores de salud de la población privada de la libertad tras determinar que su adjudicación se realizó por fuera de las competencias legales y luego de verificar múltiples incumplimientos en la prestación del servicio que supervisa la Fiduprevisora.

Según el jefe de la cartera, la determinación responde a la necesidad de cumplir la orden presidencial de integrar a los reclusos al régimen subsidiado, una directriz que, según denunció, sus antecesores “engavetaron”.

Idárraga señaló que la contratación vigente de los operadores se ejecutó “por fuera de las competencias del fondo fiduciario y de manera inconsulta respecto al alto gobierno”, situación que motivó la revisión administrativa.

El ministro encargado afirmó que verificó personalmente un “número importante de incumplimientos en la prestación de servicios de salud” por parte de las empresas contratadas. Sobre estas fallas, el representante de la justicia colombiana desde el Ejecutivo responsabilizó directamente a la Fiduprevisora, entidad encargada de la supervisión de dichos contratos, y concluyó que la decisión de la cartera es finalizarlos bajo estos “argumentos fácticos y jurídicos”.

Y es que el pronunciamiento del Gobierno Nacional surgió como respuesta a una alerta emitida por la Red de Veedurías Ciudadanas ante la Procuraduría y la Contraloría, en la que advirtió sobre los peligros de modificar el modelo actual.

Pablo Bustos, quien es el director de dicha organización, aseguró que la atención actual ha mostrado avances verificables y cuestionó la intención del Ejecutivo de trasladar a esta población a la Nueva EPS.

“La intención del Ministerio de Salud de reformular el modelo no solo desconoce estos avances, sino que plantea trasladar esta población a NUEVA EPS, entidad que actualmente enfrenta graves dificultades financieras y operativas”, declaró Bustos.

La Red de Veedurías comparó este posible traslado con la crisis ocurrida en Caprecom entre 2009 y 2015, periodo en el que se registraron fallas sistemáticas en el servicio. El organismo de control social advirtió que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad habría aprobado un modelo de operador único “sin que se conozcan estudios que respalden la decisión, ni un plan de transición que garantice la continuidad del servicio”.

Bustos señaló que estas acciones podrían constituir irregularidades disciplinarias por desconocimiento de los principios de legalidad y planeación si se llega a comprobar una afectación a los derechos fundamentales de los más de 106.000 internos del país.

Por su parte, el también secretario de Transparencia de la Presidencia de la República invitó a las personerías municipales a entregar sus informes sobre la situación sanitaria en los penales para reforzar la actuación del Ministerio de Justicia.

*Con información de Colprensa y redacción de El País