Fiscalía confirma imputación de cargos a Ricardo Roa por tráfico de influencias y violación de topes en campaña presidencial

La Fiscalía General de la Nación confirmó que radicó dos solicitudes de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por presuntos delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales durante su gestión como gerente de la campaña presidencial que llevó al hoy mandatario Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022.

Uno de los procesos está relacionado con la presunta violación de los topes de financiación electoral durante el proceso de 2022, donde la campaña habría superado los límites permitidos por la ley y omitido reportes de aportes, lo que ya fue sancionado por el CNE con multas a Roa y a los partidos implicados.

Las investigaciones han revelado que en los reportes presentados se mostraron gastos por $28.384 millones en primera vuelta, cuando el tope era $28.536 millones. En segunda, fueron $13.169 millones, cuando el tope eran $13.347 millones.

Dentro de ese dinero habría un aporte de $500 millones producto de una donación que Fecode, el sindicato de docentes, le hizo a Colombia Humana y que habría terminado en las cuentas de la campaña.

El segundo frente judicial se enfoca en un presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, por el cual Roa fue interrogado por la Fiscalía en fechas recientes.

Las autoridades investigan si la adquisición del inmueble, que habría tenido como intermediario a personas con negocios vinculados a Ecopetrol, pudo haber influido en adjudicaciones contractuales posteriores.

De acuerdo con los informes judiciales, las audiencias de imputación de cargos serán programadas en los próximos días, pese a que el ente acusador no solicitará medida de aseguramiento contra el presidente de la petrolera en esta fase inicial del proceso.

La defensa de Roa, a través de su abogado, ha rechazado la necesidad de renuncia y ha afirmado que no contempla dimitir de su cargo en medio de la imputación, argumentando que todavía hay margen para demostrar la inexistencia de conducta delictiva.

El caso ha generado atención política y mediática en Colombia al involucrar al alto directivo de la petrolera estatal, una empresa clave para la economía nacional e incluso una de las mejores, y al cruzarse con temas de financiamiento de campañas políticas, tráfico de influencias y transparencia en la gestión pública.